Fue presentado con bombos y platillos en La Moneda. El proyecto de reforma constitucional al agua, que le da un reconocimiento de bien nacional de uso público, fue propuesto por un comité especial del Ministerio de Obras Públicas con el fin de limitar, restringir y reservar caudales asegurando la disponibilidad del recurso natural.

Aunque rápidamente fueron apareciendo opositores. El Instituto Libertad y Desarrollo, desde un principio anunció su distancia con la idea.

Así lo explicó María de la Luz Domper, investigadora del Instituto, quien sostuvo que con este proyecto se generará perjuicios a los agricultores producto de que muchos perderán sus derechos aguas para sus riegos, lo que será riesgoso para la economía.

Visión que respaldó Patricio Crespo, presidente del Comité de Aguas y director de la Sociedad Nacional de Agricultores, SNA, quien señaló que los perjuicios se extienden no sólo a los agricultores, sino que a otras empresas, como la minería o a las diversas industrias.

En tanto, desde el gobierno defienden el proyecto. Rodrigo Weisner, Director General de Aguas, organismo perteneciente al Ministerio de Obras Públicas, sostuvo a La Radio que la resistencia a la reforma constitucional pasa por un asunto ideológico de la derecha.

Visión que respaldaron desde el mundo ciudadano. Por medio de una declaración, el Movimiento Social de Defensa del Agua, el Medio Ambiente y los recursos naturales, valoró la iniciativa del gobierno y recalcó que por los grandes intereses involucrados, se presume complicado que existe una voluntad política en el parlamento para aprobar el proyecto.