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Tal como está aprobado, el presupuesto 2026 consolida a la Atención Primaria de Salud como un discurso obligatorio más que como una prioridad verificable.
Con el presupuesto de salud 2026 ya aprobado por el Congreso, la discusión deja de ser una disputa sobre cifras para convertirse en un examen político sobre prioridades reales. El resultado es claro: nuevamente se proclama a la Atención Primaria de Salud (APS) como eje del sistema, pero el diseño presupuestario consolida otra jerarquía.
La manera en que se reconfiguran los Programas de Reforzamiento de la APS (PRAPS) es especialmente elocuente: lejos de ser un ajuste menor, marca el tono del compromiso efectivo del Estado con la estrategia de APS en los territorios.
Chile ha asumido compromisos nacionales e internacionales para fortalecer el financiamiento público en salud, reducir el peso del gasto de bolsillo en los hogares y robustecer el primer nivel de atención.
Sin embargo, el presupuesto 2026 sancionado mantiene a la APS por debajo de los umbrales recomendados y no corrige la tendencia de privilegiar el gasto hospitalario y las soluciones de corto plazo. El esfuerzo fiscal adicional es acotado frente al envejecimiento de la población, el aumento de beneficiarios y el encarecimiento propio del sector sanitario.
En el discurso, la APS sigue siendo presentada como “corazón de la reforma” y “puerta de entrada” al sistema. En los hechos, se la trata como un componente secundario: el incremento de recursos es insuficiente para sostener equipos, infraestructura y nuevas demandas, mientras la carga operativa sobre los municipios continúa creciendo sin una expansión proporcional del per cápita ni de los apoyos programáticos.
En este escenario, la modificación de los PRAPS ya aprobada por ley adquiere un carácter especialmente problemático.
Los PRAPS nacieron para abordar brechas críticas: reforzar dotaciones, financiar acciones de promoción y prevención, apoyar innovaciones locales y compensar desigualdades territoriales. Su sentido original era complementar el financiamiento basal, no reemplazarlo.
Con el diseño aprobado para 2026, pasan a operar de facto como una “caja de ajuste”: se les asignan funciones que deberían ser cubiertas por el financiamiento estructural, se introducen mecanismos que aumentan la discrecionalidad y la competencia entre comunas, y se debilita su vínculo con metas claras sobre la proporción del gasto total que debiera orientarse a la APS.
El mensaje político que se instala es complejo. Se normaliza que la APS dependa de proyectos, fondos concursables y recursos extraordinarios, mientras las grandes decisiones y los mayores montos se concentran en otros niveles del sistema.
Esto tiene efectos previsibles: profundiza la inequidad territorial —porque las comunas con mayor capacidad técnica y política acceden mejor a recursos variables— y deja a las más rezagadas en un círculo de baja capacidad, baja inversión y peores resultados sanitarios. Además, recorta la eficiencia del conjunto, al debilitar el nivel donde se resuelven de manera más costo‑efectiva la mayoría de los problemas de salud.
Las consecuencias no son solo técnicas, también son políticas. Cuando la ciudadanía escucha mensajes sobre prioridad en salud, cáncer, salud mental o innovación, pero en su consultorio enfrenta esperas prolongadas, equipos sobreexigidos y programas inestables, se erosiona la confianza en la palabra del Estado. La distancia entre el relato y la experiencia cotidiana se vuelve un problema de legitimidad democrática, no solo de gestión sectorial.
Que el presupuesto 2026 ya esté sancionado no significa que todo esté dicho. La ejecución presupuestaria, las reasignaciones durante el año, las decisiones reglamentarias sobre la implementación de los PRAPS y la capacidad de distintos actores para instalar este debate pueden todavía matizar o corregir parte del daño. Pero es importante nombrar el problema sin eufemismos: tal como está aprobado, el presupuesto 2026 consolida a la APS como un discurso obligatorio más que como una prioridad verificable.
Si se quiere revertir esta tendencia en los próximos años, será necesario algo más que nuevos slogans. Se requiere un compromiso explícito de recuperar el rol de los PRAPS como verdadero reforzamiento y no sustituto del financiamiento basal, de elevar progresivamente la proporción del gasto sanitario destinada a la APS y de dotar al país de mecanismos independientes que vigilen, año a año, la coherencia entre los compromisos declarados y las decisiones presupuestarias efectivas.
Mientras eso no ocurra, seguiremos administrando la urgencia, pero seguiremos postergando la transformación del sistema de salud que la población espera y necesita.
