La universidad, igual que la sociedad civil, descansa en la evidencia de que las personas son diferentes, con visiones disímiles, capacidades distintas, enfoques y formas de actuar dispares, esto es, lo que podríamos denominar principio de la diversidad.
En ella se reúnen individuos de la más variada procedencia y pensamiento que realizan una labor interdisciplinaria. Requisito de su ingreso es la capacidad necesaria para el trabajo intelectual, sin perjuicio de estándares éticos compatibles con el proyecto académico y el bien común de la respectiva casa de estudio.
La conformación de sus integrantes es así por naturaleza pluralista y esa constatación condiciona sus métodos de conducta, el ambiente en que debe funcionar y la organización de que debe dotársele.
Los intentos por pretender impedir que algunos se expresen se contraponen a su propia esencia, desvirtuándola de tal modo que, más que instrumentalizarla al servicio de ciertas ideologías la anulan por completo, impidiéndole subsistir como tal, manteniéndola como simple estructura, pero vacía de esencia.
“El espíritu universitario es cosa frágil y sensible ante esos intentos y termina por retrotraerse y apagarse, como lo muestra el ánimo medroso y apocado de algunos docentes” (y también de estudiantes), -según lo expresara el eminente filósofo Jorge Millas durante la dictadura militar, “cuando presos de temor y de presiones caen en la autoinmolación intelectual, incapaces de sostener en público lo que legítimamente piensan en privado”.
Similares a lo que fueron los intentos de la dictadura, de apagar o anular el espíritu universitario, son los de las funas. Esto es, atemorizar e impedir la libertad y el pluralismo que, lamentablemente, repercute en académicos y lo que es más grave autoridades, que devienen con su silencio o debilidad, resultado de miedo o temor, en cómplices o encubridores de estas agresiones, situación que en estos días ha llenado de titulares a raíz de la agresión a un connotado académico en la más tradicional universidad del país.
El citado maestro Jorge Millas, impartiendo clases justamente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile ilustraba sus enseñanzas por medio de sencillos y pedagógicos ejercicios. La próxima semana – nos solicitaba – presentarán un informe sobre la Plaza de Armas. Se dividirán en cuatro grupos y cada uno de estos grupos se situará en una esquina distinta de la plaza para elaborar su informe.
Por cierto, el resultado era de cuatro visiones diferentes, no obstante constituir la Plaza de Armas una misma realidad. Por ello, nos explicaba, debemos respetar disímiles miradas, aprender de ellas y compartir las nuestras con las de otros para así, por medio del diálogo racional y constructivo y con sentido de comunidad, descubrir o aproximarse a la verdad.
La libertad y su respeto son, por consiguiente, presupuestos esenciales en la plural vida universitaria. No sólo referidos a la libertad de cátedra, entendida como la prerrogativa del docente para enseñar con objetividad las ventajas y objeciones a sistemas, doctrinas o puntos de vista, sino que, en un sentido más amplio, a la libertad académica, que incluye todo lo concerniente al quehacer universitario, desde la docencia, investigación, extensión y vinculación con el medio, y que comprende no sólo al profesor sino también al estudiante y por cierto a colaboradores.
Naturalmente, lo expuesto también dice relación con la política, muchas veces objeto de recelo en la universidad de quienes abjuran de ella y, por tanto, reniegan de las percepciones que de una u otra manera existen de la realidad nacional e internacional, en la falsa argumentación de que significaría un exceso al rol académico, en circunstancias de que, como relativa a todo el acontecer humano, la política es parte de la cultura, consustancial en la universidad.
Pero cuidado, no debe confundirse la política con el proselitismo político, que debe ser excluido de las aulas, cuando implica abusar de una condición superior para influir en otros, básicamente en el alumnado.
La historia de la universidad muestra que célebres personalidades de la política nacional han sido catedráticos brillantes que en su grandeza no han mezclado sus particulares concepciones políticas con el proselitismo, logrando formar estudiantes con altura de miras, generosidad y objetividad.
Así, parece perfectamente lógico que académicos que asumen altos cargos en la universidad se identifiquen con determinadas corrientes políticas, con la limitación de que las decisiones concernientes a lo académico sean adoptadas con un criterio universitario al margen de los objetivos de sus corrientes partidistas.
La libertad, -esencial para un pluralismo real-, es un derecho humano garantizado en tratados internacionales; en la actual constitución y en el proyecto a ser plebiscitado como así en la Ley 21.091 sobre Educación Superior.
Pero, más allá de lo jurídico, la libertad exige conductas recíprocas que posibiliten a unos y otros actuar en ausencia de presión o coacción, en un ambiente libre de temores o miedos. Se dice al respecto, que la libertad posee una significación profundamente ética, concediendo seguridad en el quehacer de la universidad para quienes, desde diferentes ópticas, intentan entregar sus aportes en la consecución de su misión.
La garantía y protección a la libertad, el pluralismo y el respeto recíproco no deben quedar en un mero nivel de abstracciones y de buenas intenciones, no se debe actuar con debilidad o ambigüedades ante la nefasta irrupción de la funa, violatoria del alma de la universidad. Propugnamos que, en la formación de los estudiantes como buenos profesionales pero también buenos ciudadanos, se incluyan estas temáticas en carácter de obligatorias en los programas de los primeros años de todas las carreras universitarias, tanto en los ámbitos de las ciencias naturales, humanas y sociales y que, por otra parte, la funa u otras acciones similares que vulneran los referidos principios y atenten contra la universidad y sus integrantes, no queden en la impunidad, materializándose procedimientos rigurosos que conlleven, entre otras, sanciones ejemplificadoras.
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