La tenencia de armas en Chile se ha venido incrementando en los últimos años de manera exponencial. Mas de 700 mil armas inscritas, un número indeterminado de armas ilícitas, y su correlato en el aumento de los delitos violentos y de los homicidios por armas de fuego nutren un diagnóstico sombrío en materia seguridad.
La experiencia internacional arroja que este aumento tarde o temprano incide en la violencia de género y en el femicidio. Las armas de fuego son los instrumentos más utilizados para matar e intimidar a las mujeres en los países con altas tasas de posesión de armas. En Chile, si bien no hemos llegado a ese punto -alrededor de un 17% de los femicidios se cometen con armas de fuego-, no es difícil proyectar esa realidad para las mujeres, niños y niñas de nuestro país, a menos que contribuyamos decididamente a su no proliferación y a reducir al máximo su porte y tenencia.
El vínculo entre armas de fuego y género no es obvio. Digamos para empezar, que en Chile y de acuerdo con las cifras de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), del total de personas naturales que tienen armas de fuego inscritas, un 93% son hombres. En los delitos de homicidio, más de un 56% corresponden a uso de armas de fuego y mayoritariamente son los hombres quienes los cometen. Así mismo las cifras evidencian que del total de delitos de violencia intrafamiliar mas de un 80% son cometidos por hombres, proporción que se mantiene en relación con los homicidios de mujeres.
El uso de armas de fuego por parte de individuos atenta contra los derechos humanos; el derecho a la vida, la integridad física y el derecho a la salud. En el caso de las mujeres, la proliferación de estas armas aumenta el riesgo que tienen de ser víctimas por parte de sus parejas, dada su situación de desigualdad. Además, la presencia de un arma de fuego en el hogar puede tener un efecto de desempoderamiento y desmoralizador en las mujeres y ser utilizada como instrumento de coacción sicológica o sexual afectando otros derechos. De ahí que los Estados deban adoptar leyes y prácticas estrictas para el acceso a las mismas, más aún cuando se trata de personas con antecedentes de violencia contra su pareja u otros familiares.
La legislación chilena aún es permisiva con el porte y tenencia de armas. Si bien se ha avanzado en establecer requisitos más estrictos para el acceso a las mismas, la tolerancia respecto al número de armas a las que una persona puede acceder, su heredabilidad, la falta de control y fiscalización dejan espacio para que estas puedan ser usadas por personas no idóneas para ello. Por su parte, la legislación actual considera la incautación y cancelación de la inscripción del arma para quien sea condenado por delitos de violencia de género, no es menos cierto que requiere ser considerado un factor de riesgo desde el momento de la denuncia.
En este marco, la bancada de Convergencia Social presentó un proyecto que busca explicitar que las armas de fuego constituyen un factor de riesgo en materia de violencia intrafamiliar, y autoriza al juez a oficiar a la DGMN desde el inicio del procedimiento para constatar la tenencia de armas o -de no encontrarse inscrita, pero sí denunciada por la víctima- entregar los antecedentes al Ministerio Público para abrir una investigación por infracción a la Ley de Armas.
Desde los años 2000 en adelante, la relación entre género y armas de fuego se ha transformado en un aspecto relevante de la política y planes de acción de Naciones Unidas en materia de no proliferación y desarme de armas de fuego. Bien haríamos en recoger las experiencias comparadas y generar las capacidades que nos permitan prevenir una realidad que en el resto de los países de la región- el más inseguro para las mujeres- es pan de cada día.
Diputada Lorena Fries Monleón
Diputada Francisca Bello Campos
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