Uno de los mayores desafíos de la nueva administración es hacerse cargo del flujo migratorio y mejorar la relación entre nacionales y extranjeros. Para ello, la promesa de campaña del actual gobierno fue solucionar el tema mediante el financiamiento y entrega de alojamiento, a través de albergues y viviendas para migrantes clandestinos, y un aumento de la coordinación internacional, de manera que los países vecinos reciban parte de los flujos migratorios, ya que Chile, después de Colombia, es el país que más migrantes ha recibido en los últimos 5 años respecto a su población total.
Esta postura hasta el momento ha mostrado ser bastante ineficiente, por tres razones:
La primera es que la lógica de coordinación no es muy esperanzadora, dado que los países vecinos no tienen ningún incentivo para hacerse cargo de los migrantes que llegan a Chile. La petición del Presidente Boric a su par argentino en su primera gira no logró nada en esta materia. La falta de coordinación con Bolivia es patente: el mismo director del Servicio de Migraciones ha dicho que no tienen capacidad para que el país fronterizo reciba a los migrantes que ingresan clandestinamente -y egresan de Bolivia- a través del proceso de reconducción. Adicional a esta falta de capacidad, es el hecho que un migrante que ingresa clandestinamente a Chile, tiene el incentivo de que puede trabajar sin visa en el comercio informal, como se observa en el barrio Meiggs, en las aplicaciones de reparto, o en distintas áreas de servicios o en agricultura. Por ello, pensar que el extranjero va a respetar la cuota definida por el Gobierno de Boric o por organismos internacionales es no entender las razones de los flujos migratorios.
La segunda, sobre el tema del alojamiento, la promesa de albergue o subsidios de vivienda va muy de la mano con lo redactado por la Convención Constitucional, donde en el borrador ya está aprobada la libre circulación de extranjeros a Chile, el acceso a todos los derechos sociales independiente de la condición migratoria, y el derecho a vivienda. La duda que persiste es como se va a financiar el alojamiento y las viviendas para todos los migrantes, y si al igual que pasa con el acceso a jardines infantiles, los migrantes tendrán prioridad por sobre los chilenos, dado que su situación de vulnerabilidad es, en la mayoría de los casos, mayor que la de los nacionales. Por ello, el prometer casa a migrantes irregulares, o migrantes que llegarán en los próximos meses, priorizándolos por sobre los nacionales, solo aumenta los problemas de cohesión entre nacionales y extranjeros. Los recursos sociales no son infinitos, aún cuando estén escritos en una Constitución. Esto generará problemas, especialmente en el norte de nuestro país y en las comunas más populares y con mayor densidad, donde el tema de la vivienda, alojamiento, hacinamiento y toma de espacios públicos ha empeorado la calidad de vida de nacionales y extranjeros que habitan en estos territorios.
La tercera tiene que ver con los incentivos. El enfocarse solo en una coordinación internacional -que no va a funcionar-, y en alojamiento para migrantes -que genera problemas de cohesión-, deja de lado el rol que por ley tiene que realizar el gobierno, que es de dictar y materializar expulsiones. Mucho énfasis se hace que los migrantes que cometen delitos es un numero bajo, lo que es completamente cierto, pero la impunidad que tienen estos migrantes que cometen delitos o no respetan la normativa vigente es alta, ya que han confirmado que si un extranjero ingresa clandestinamente no será expulsado. Peor aún, en el caso que un juez ordene su expulsión, el gobierno de Boric no quiso utilizar los 6 vuelos Sky licitados y disponibles con presupuesto ya asignado del año 2021 para materializar estas expulsiones. Es decir, renunciaron a que existiera una sanción si hay ingreso clandestino o delito, diciendo que esporádicamente pagaran 5 pasajes para sacar a un extranjero en un vuelo comercial (3 de ida, por el expulsado y dos escoltas, y los dos de vuelta de los escoltas), por lo que las medidas de fiscalización o control fronterizo son inútiles si no hay una clara señal de que estos extranjeros serán devueltos a su país de origen para su correcta reinserción. Por último, terminar con las expulsiones es injusto con los migrantes en regla –que son la mayoría- ya que los nacionales no tienen la seguridad de que los migrantes no tienen ni antecedentes penales ni han cometido delitos.
En resumen, vemos como la nueva administración esta aplicando lo que se llama “la política del avestruz”, de esconder la cabeza en la arena y desentenderse del problema, como si no existiera. Es por eso que, al no dictar expulsiones de quienes ingresan clandestinamente ni de ocupar aviones para materializar expulsiones judiciales, genera que medidas como la fiscalización al barrio Meiggs donde encontraron 25 extranjeros indocumentados, significa que ellos permanecerán en Chile por la indolencia mostrada por el Ejecutivo. Con ello, solo crece el descontento hacia los extranjeros, aún cuando son una minoría quienes vienen a hacer daño a Chile, y termina perjudicando a todos los que vivimos en este país.
El Gobierno debiera ser más claro con respecto al orden público en materia migratoria, porque pensar que el problema se resuelve solo entregando viviendas y poniendo albergues, junto con fracasadas políticas de cuotas, es sencillamente rendirse ante una migración descontrolada.
