En el norte del país, el municipio de Coquimbo confirmó la desvinculación de dos funcionarios mencionados en el Informe Final N° 936 de la Contraloría Regional, luego de que el organismo fiscalizador detectara el uso de redes sociales con fines electorales durante la jornada laboral.
Lo anterior, en el marco de una auditoría a los gastos, uso de recursos públicos y transferencias efectuadas entre enero y septiembre de 2024.
A través de un comunicado público, la municipalidad señaló que “los funcionarios César Hernández y Francisco Cornejo, mencionados en el informe por uso de redes sociales en período electoral, ya fueron desvinculados”, asegurando que la actual administración mantiene una línea clara de “transparencia, probidad y orden en el uso de los recursos públicos”.
El informe del ente contralor dio cuenta de una serie de graves deficiencias administrativas, financieras y de control interno al interior del municipio, las que —según la casa edilicia— varias de ellas son “asociadas a procesos heredados de gestiones anteriores, en un municipio que fue recibido con serios problemas financieros, de orden y control”.
El informe de la Contraloría
La fiscalización tuvo como objetivo verificar que los gastos en personal, bienes y servicios, así como las transferencias a privados, se ajustaran a la normativa vigente, especialmente considerando que el período auditado coincidió con las elecciones municipales de 2024, en las que la autoridad edilicia postulaba a la reelección.
En materia de probidad administrativa, Contraloría estableció que un funcionario municipal y dos prestadores a honorarios, quienes además eran candidatos, realizaron publicaciones vinculadas a sus campañas políticas durante la jornada laboral, infringiendo la normativa sobre Transparencia y Control del Gasto Electoral, que prohíbe expresamente el uso de tiempo, recursos o bienes públicos con fines políticos.
Más allá de este punto, uno de los hallazgos más relevantes del informe se relaciona con el desorden financiero detectado en las conciliaciones bancarias, donde se identificaron partidas de antigua data no regularizadas por más de $900 millones, correspondientes a giros bancarios no contabilizados, depósitos no registrados y cheques girados y no cobrados.
Frente a esta situación, se instruyó al municipio presentar un programa de trabajo para regularizar estas diferencias, con un plazo máximo de 60 días hábiles.
El documento también cuestiona gastos imputados a representación, protocolo y ceremonial, sin respaldo suficiente que acreditara su uso en actividades oficiales, además de advertir falencias persistentes como la falta de segregación de funciones, contratos a honorarios suscritos fuera de plazo y deficiencias en el control de vehículos municipales.
Desde el municipio indicaron que las observaciones formuladas por Contraloría ya se encuentran en proceso de subsanación, asegurando que se están ejecutando las medidas correctivas instruidas por el organismo fiscalizador.
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