Pocos conocen de la existencia de la Fundación Imagen de Chile, cuya misión es “promover la imagen de Chile a nivel internacional para contribuir a su competitividad a través de la gestión de la marca país”.
La Fundación está al alero de Prochile, que es la institución que le provee los fondos para su funcionamiento (entre US 4 y US 6 millones al año). Su directorio es presidido por quien oficie de ministro de Relaciones Exteriores, y está integrado por 15 personas (según la página www.marcachile.cl) entre las que se cuentan, entre otros, los ministros de Hacienda, Economía y Cultura junto a empresarios y científicos, entre ellos el presidente de la CPC.
Su función es pública, los recursos que administran son mayoritariamente públicos y su directorio está formado por funcionarios públicos y, a pesar de lo anterior, se niegan a entregar información, incluyendo los fallos del Consejo de la Transparencia, que así los obliga, y los rechazos de recursos de nulidad y de reposición a los que han recurrido para no entregar nada.
No creo que la idea de administrar esto mediante un cascaron legal de corporación privada haya sido con el objetivo de no dar cuenta de las actividades, saltarse los procedimientos de la ley de compras públicas o no rendir los fondos que utilizan, pero hasta ahora se han negado a entregar asuntos tan básicos como las actas de las sesiones del directorio o datos respecto a los contratos ejecutados a raíz de la COP25.
Respecto a esto último, la Fundación fue la herramienta usada por el gobierno anterior para gestionar y administrar los ingresos y gastos que la COP25 implicaría. Como ya sabemos dicha actividad debió ser cancelada en Chile debido a los acontecimientos del 18-O, pero hubo traspasos de dinero y gastos generados respecto de los cuales a la fecha no existe una rendición pública. Solo el Ministerio de Medio Ambiente transfirió 21.500 millones de pesos para la instalación de la actividad, en base a lo establecido en la ley 21.157, la que incluso autorizaba gastar hasta 90 millones de dólares, producto de los aportes que los privados harían.
Bueno, la historia es mucho más larga, pero en resumen la cancelación acarreó múltiples problemas, altos pagos a oficinas de abogados, incluyendo un costoso arbitraje, con la empresa contratada para hacer las instalaciones, que aún no termina, empresa que fue impuesta en una reunión de directorio de la Fundación a la que no hemos tenido acceso, ya que solo han entregado actas de sesión de la comisión COP25 que acató lo indicado por el Directorio.
Administran la imagen de Chile, pero reclaman ser una institución privada a la cual, según ellos, no le es aplicable la Ley de la Transparencia, algo que creo no contribuye a la imagen de Chile.
Habrá que esperar que las nuevas autoridades del mMnisterio de Relaciones Exteriores asuman sus cargos y muestren la transparencia que debe caracterizar a los distintos órganos del Estado.
