Lo que requiere Chile hoy día para un desarrollo humano de la infancia, es un sistema público integral de Educación Inicial, que coloque al centro a la primera infancia como personas lúdicas, creativas, tolerantes, sujetos de derechos, con una educación inclusiva, democrática y participativa. 

Este planteamiento que hacemos como especialistas, refuerza el anhelo de la ciudadanía por fortalecer los Derechos Sociales, entre ellos, la Educación como un Bien Público. Insistir en la lógica de la subvención, supone una política centrada en el individuo, competitividad y la mercantilización, al alero de un estado subsidiario. El Proyecto de Ley “Subvenciones para los Niveles Medios de Educación Parvularia”, destruye lo público e institucionaliza el mercado en la primera infancia, tal como lo hizo la Constitución del 80 y Decretos con fuerza de ley posteriores a la Dictadura y en Democracia perpetuando el Modelo Neoliberal en la Educación Básica y Media.

Chile sería el único país de la OCDE, que establecería una privatización y escolarización temprana en niños y niñas entre 2 y 4 años de edad atendidos dentro de establecimientos escolares y/o privados.

El Modelo Neoliberal Chileno en la Educación Básica y Media, no debe ser traspasado a la Educación Inicial, dado que sus fines han segregado social y culturalmente a la educación en nuestro país, con un Estado ausente, con el único fin de maximizar las utilidades del capital.  

Un Estado Garante de los Derechos Sociales en Educación Inicial debe contar con un sistema de financiamiento robusto, único y permanente, no dependiente de la asistencia de los niños/as como lo señala el proyecto mencionado.

Las niñas y los niños no pueden ser parte de un sistema de financiamiento que propicia la inequidad, desigualdad y sufrimiento por la carencia de sus necesidades básicas; junto con esta realidad se ven afectadas las condiciones laborales de las trabajadoras/es de Educación Inicial.  Por ello es urgente en lo inmediato modificar el Decreto Nº67 del año 2010, donde se aprueba las normas sobre transferencias de recursos a entidades públicas o privadas que administran jardines infantiles; ya que este asigna un valor párvulo anual que bordea un 40% inferior al que se otorga en JUNJI y Fundación Integra a Salas Cunas y Jardines Infantiles.

Por las razones antes mencionadas, hemos planteado durante más de dos años nuestro rechazo en alianza con Sindicatos, Gremios, Académicos, Investigadores, Universidades, y Comunidades Educativas, a este proyecto de ley en todas las instancias del ejecutivo, legislativo y opinión pública de nuestro país. 

Hacemos un llamado a las y los futuros constituyentes y a las y los parlamentarios de nuestro país a pensar juntos una Educación en el desarrollo de seres humanos con integración social en todas y cada una de las etapas de su vida.

Susana Cristi Olmos
Blanca Hermosilla Molina
Silvia Redón Pantoja
Académicas Espacio Vinculante por la Nueva Educación Pública