Enviando corrección, espere un momento...
Dos cosas deben quedar claras desde el comienzo.
La primera es que este caso hay que investigarlo hasta saber dónde y cómo está cada uno de estos niños, niñas y adolescentes. Toda irregularidad y toda responsabilidad tienen que establecerse. Si hubo negligencia, corrupción o delitos, tiene que haber sanciones. Hasta el último de ellos.
La segunda es que investigar no autoriza a inventar.
Lo que hemos visto es una de las expresiones más descarnadas de la miseria política. “Doscientos niños desaparecidos”, titularon algunos medios. El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) esbozó que incluso podría haber una red de tráfico de menores. El diputado republicano Enrique Bassaletti fue más lejos y esbozó que incluso podría haber tráfico de órganos. Ninguno mostró una prueba, pero la película de horror ya estaba instalada.
Los antecedentes conocidos son bastante distintos. La Fiscalía señaló que no existe ningún antecedente de tráfico de órganos. El ministro de Defensa, Fernando Barros, afirmó que no hay antecedentes serios de tráfico de niños ni de prostitución infantil, y que ni siquiera existen elementos para sostener que estos menores estén desaparecidos. La Brigada de Trata de Personas de la PDI, en una denuncia anterior de Migraciones, concluyó que los antecedentes analizados no permitían acreditar el delito de tráfico ilícito de migrantes.
Eso no cierra la causa que se investiga hoy, ni quiere decir que todo haya funcionado bien. Una sospecha no es una prueba, y un niño al que no se encontró en una dirección registrada no puede darse por secuestrado, prostituido o víctima de tráfico de órganos.
El origen del escándalo es un preinforme de Contraloría. Un preinforme, ni siquiera el informe definitivo. Sobre una muestra de 105 menores, no se logró ubicar a 64 en los domicilios informados. Pero perder el rastro de una dirección todavía está muy lejos de probar que un niño desapareció.
Los hechos de estos días apuntan ahí. La PDI ya ubicó a otros 25 menores. Un equipo de prensa encontró a uno de los supuestos desaparecidos viviendo con su familia. Varios no estaban desaparecidos. Estaban en sus casas, con sus familias, yendo al colegio. No hay denuncias de ninguna familia que reclame a un menor desaparecido.
Nada de esto significa que todos los casos estén aclarados. A algunos niños los encontraron viviendo en condiciones precarias, y eso también tiene que preocuparnos. A otros todavía hay que ubicarlos. Hay que llegar hasta el último. Pero buena parte del escándalo se armó confundiendo, a propósito, al niño que un registro estatal no alcanza a ubicar con el niño que de verdad desapareció.
La propia PDI informó ante el Senado que ningún menor entró solo al país, y que cada uno fue entregado a su padre o tutor con un acta de por medio. Eso no borra las fallas posteriores, pero deja sin piso la imagen del avión repleto de niños sueltos, entregados a cualquiera.
En varios programas se dio por desaparecidos a los niños antes de que las autoridades alcanzaran siquiera a buscarlos. Un conocido periodista de TV presentó como señal siniestra que algunos vuelos chárter no aparecieran en las pantallas del aeropuerto, cuando los vuelos privados sencillamente no figuran en esos paneles. Así se fabrica el pánico. Se toma un dato inofensivo, se le pone música de trama criminal, y miles de personas creen que vieron una prueba.
Seamos claros, hemos exigido que cualquier situación irregular se aclare, que se repare y que quien haya fallado responda, gobernara quien gobernara.
Pero lo más miserable de todo es el uso político. La misma derecha que este año aprobó en la Cámara, y que sigue empujando en el Senado, un proyecto para poner a los niños chilenos por delante de los migrantes en salud y educación, apareció de pronto conmovida por los derechos de estos niños. La propia Defensoría de la Niñez calificó esa iniciativa como una discriminación arbitraria y recordó que los derechos de un niño no pueden quedar amarrados a su situación migratoria. Primero los quisieron al final de la fila. Ahora los usan de combustible. No les importan los niños haitianos. Les sirve el miedo que pueden fabricar con ellos.
La activista haitiana Michel-Ange Joseph advirtió sobre la estigmatización que sufre su comunidad y habló de una operación comunicacional. Cuando estos niños viven en la pobreza o hacinados, casi nadie habla de ellos. Pero apenas sirven para armar una historia de secuestros, prostitución y tráfico de órganos, aparecen en todas las portadas.
Que se investigue todo. Que se ubique a cada niño y nos aseguremos que estén bien. Que se sancione cualquier delito, irregularidad o negligencia que se llegue a comprobar. Hasta el último. Por eso impulsamos una comisión investigadora en la Cámara.
Pero exijamos también responsabilidad a quienes usaron la nacionalidad y el color de piel de estos niños para construir una historia de horror sin una sola prueba.
Porque a lo mejor la verdadera historia de este caso no es la de doscientos niños desaparecidos. A lo mejor es la de un país donde bastó que esos niños fueran haitianos para que algunos estuvieran dispuestos a imaginar lo peor. Y para transmitirlo como si fuera verdad.
