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No sé ustedes, pero a mí me congela la sangre conocer que más de 200 niños y niñas de nacionalidad haitiana se perdieron y nadie sabe nada.
Esto no es un simple problema aislado en nuestra frontera ni un mal manejo de papeleo; es un síntoma crudo de la enfermedad crónica que arrastramos como sociedad, el abandono sistemático de la infancia. Con solo mirar este drama, es imposible no trazar un puente inmediato con las heridas que ya generó el Sename y las promesas incumplidas de Mejor Niñez. Se cambian los logos, las administraciones y los nombres, pero el fondo sigue siendo exactamente el mismo.
Entonces, ¿cómo es posible que, en un Estado moderno, digitalizado y supuesto jaguar de América Latina, le perdamos el rastro a cientos de niños indefensos? Lo triste es que operamos como sociedad con lógicas invertidas. Construimos un país que se preocupa más de la macroeconomía, los indicadores de mercado y la rentabilidad que de lo que verdaderamente es vital para una nación: cómo tratamos a quienes no pueden defenderse.
En Chile, actualmente, todo aquello que no genera dividendos inmediatos o no entra en la dinámica de la producción pasa a segundo plano. La infancia, lamentablemente, no cotiza en la bolsa.
Lo que más indigna es que este caso no fue un accidente imprevisto; fue una tragedia anunciada a la que la burocracia respondió con indiferencia. Tal como consta en diversos informes sobre el caso, desde el año 2023 la Defensoría de la Niñez envió una persistente cadena de oficios alertando al Gobierno sobre el absoluto vacío en el control y la trazabilidad de los menores migrantes.
Sin embargo, sus advertencias chocaron contra un muro de indiferencia. Esto me resulta particularmente paradójico, a modo de paréntesis, ya que en 2020 nuestros honorables diputados estaban muy preocupados de despenalizar las relaciones sexuales consensuadas entre menores de edad del mismo sexo, iniciativa apoyada por Gabriel Boric (CS), Pamela Jiles (PRV), Maya Fernández (PS), Leonardo Soto (PS), Matías Walker (DC), Andrea Parra (PPD), René Saffirio (Ind.), Érika Olivera (RN) y Sebastián Keitel (Evópoli).
El informe entregado por la Contraloría apunta directamente a una preocupante falta de fiscalización del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) durante la gestión de Luis Eduardo Thayer, debido a que se flexibilizaron requisitos documentales y no se cruzó información crítica. La auditoría mostró fallas brutales: el Sermig omitió informar la llegada de 98 niños, ignoró sistemáticamente las advertencias de la Defensoría y permitió que terceros ingresaran reiteradamente con decenas de menores bajo su responsabilidad.
A esta negligencia se sumó el descalabro de los mecanismos de alerta que debieron articular los Tribunales de Familia y la Policía de Investigaciones (PDI). Fue tal el nivel de negligencia de las autoridades encargadas que se registraron tres niños que aterrizaron para una reunificación familiar, pese a que su padre llevaba un mes fallecido. Al sistema simplemente no le importó quién se llevó a esos niños al llegar al aeropuerto.
Un solo niño perdido en Chile debería ser motivo suficiente para paralizar el país y encender todas las alarmas. Sin embargo, la realidad es que la desaparición de más de dos centenares de niños no provoca un terremoto político inmediato. Esto demuestra el nivel de deshumanización y normalización del horror en el que hemos caído como sociedad.
Hipotecamos activamente el futuro del país repitiendo el eslogan vacío de que “los niños son el futuro”, pero en la práctica son tratados como el eslabón prescindible de un sistema enfocado en acumular y recortar costos.
No olviden que el Señor fue muy claro sobre esto: “Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más importante en el reino del cielo? Y Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos” (Mateo 18,1-2).
