En esta Cuenta Pública no vimos una estrategia nueva en seguridad. Vimos a un Presidente empeñado en sostener su relato de campaña, aunque para hacerlo deba negar avances, contradecir a sus ministros y desmentirse a sí mismo.
La noche anterior a la Cuenta Pública el presidente Kast afirmó que bajo el gobierno del expresidente Boric “todos los índices subieron, todos”. Pero, 24 horas después, reconoció que los homicidios bajaron de 444 víctimas el año 2025, a 378 al 31 de mayo de 2026. Esta tendencia tampoco comenzó con su llegada, la tasa llegó a 5,4 homicidios por cada 100 mil habitantes ya en el 2025.
Intenta lo mismo, en materia de frontera norte y macrozona sur. El descenso de ingresos irregulares (56%) y la reducción de la violencia rural (80%) no ocurrieron por azar, hubo despliegue estatal, coordinación e inversión en capacidades institucionales y tecnológicas. El presidente Kast puede anunciar nuevas operaciones, pero no borrar el trabajo que recibió.
Su ministro de Seguridad, Martín Arrau, lo reconoció, la Política Nacional de Seguridad Pública promulgada durante el gobierno anterior está vigente, es “amplia” y “suficiente” para orientar el trabajo del Estado. Mientras el Presidente dice que antes no había nada, su ministro confirma que las medidas deberán construirse sobre una política que ya existe.
Tampoco fue el único ministro desautorizado. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que la segregación de personas privadas de libertad era una decisión técnica de Gendarmería. Luego, el Presidente reconoció que ordenó el traslado de internos desde Punta Peuco. Entonces, su primera señal en materia de cárcel es restituir privilegios a personas condenadas por los crímenes más horrendos que ha conocido este país, y dejar sin piso a su ministro.
El problema no es solo comunicacional. Después de casi tres meses, seguimos sin una estrategia integral de seguridad con objetivos, responsables y resultados medibles. En la Cuenta Pública anunció siete fuerzas de tarea sin arquitectura conocida, intervención en 50 barrios sin criterios claros y un Registro de Vándalos que la evidencia comparada no respalda y que puede terminar profundizando trayectorias delictuales en lugar de interrumpirlas.
Lo peor, quedaron ausentes cuatro dimensiones de una seguridad integral: prevención en niñez y juventud; prevención territorial; reinserción social; y atención y protección a víctimas. Sin ellas, hay control, persecución y puesta en escena, pero no una política capaz de evitar que jóvenes sean captados por organizaciones criminales o proteger a las familias antes del delito.
Exigir mejores resultados es legítimo, pero conducir al país sobre la negación de lo existente no lo es. Chile eligió un jefe de Estado, no un jefe de campaña. De esloganes ya sabemos mucho, hoy exigimos dar soluciones con estrategias claras y buena gestión.
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