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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Un tribunal de EE.UU. declaró ilegal la prohibición de Trump de que soldados transgénero sirvan en el Ejército. La resolución ratifica que la orden ejecutiva viola derechos constitucionales y es impulsada por animosidad, aunque aún no se puede aplicar. La medida de enero de 2025 excluía a personas trans del servicio militar, argumentando conflicto con el compromiso y la disciplina.

Un tribunal de Estados Unidos declaró este lunes ilegal la prohibición del Gobierno de Donald Trump de que soldados transgénero formaran parte del Ejército.

El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, en una resolución a la que ha tenido acceso EFE, ratificó en gran parte el fallo que otra jueza de Washington dictó en marzo de 2025 y que concluyó que la orden ejecutiva de Trump para excluir a las personas trans vulneraba sus derechos constitucionales.

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El tribunal concluye en su decisión que “la política militar es arbitraria y está impulsada por animosidad”.

Sin embargo, la resolución de hoy aún no podrá ser aplicada porque el Gobierno puede solicitar un pleno del tribunal para que escuche sus argumentos.

El 27 de enero de 2025, una semana después de llegar por segunda vez a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva en la que prohibió a las personas transgénero servir en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, salvo algunas excepciones, y ordenó al Departamento de Defensa implementar esa política.

La orden señalaba que identificarse con un género distinto del sexo asignado al nacer “entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en su vida personal”.

El Tribunal Supremo permitió que el Gobierno de Trump aplicara la orden ejecutiva que excluye a personas transgénero del Ejército mientras se deciden los recursos en tribunales inferiores, pero aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto y la constitucionalidad o no de la medida.

Por tanto, la decisión de este lunes no cierra el debate jurídico y solo es un paso más en la batalla legal que asociaciones de derechos humanos empezaron tras conocerse la prohibición de la Casa Blanca.