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Para Chile esto es grave y no había pasado antes: existen dudas respecto a los números, lo que pone en duda nuestra credibilidad financiera.
Una denuncia anónima que recibió el canal institucional de Codelco incluyó, entre otras materias, la sugerencia de revisar críticamente la producción de la empresa en el mes de diciembre de 2025. Ello se tradujo en una investigación interna que constató la incorporación a la producción de ese mes de material no completamente procesado por 20.000 toneladas en Chuquicamata y 6.875 toneladas en Ministro Hales. La maniobra consistió en registrar como “producto terminado” desechos, residuos y materiales sin procesar para simular el cumplimiento de las metas anuales.
Ese aumento artificial productivo se sumó a la producción de ambas subsidiarias del año 2026, pero el haberlo incorporado anticipadamente en el último mes del año anterior permitió pagar bonos por US$ 14,3 millones a más de 6 mil colaboradores, entre ejecutivos y trabajadores.
Por el lado del desempleo, bajo el gobierno Boric no llegó al 9,1% y más del 10% en mujeres de casualidad. Según el economista David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, fue un resultado predecible, pero diagnósticos errados y políticas laborales agravaron una crisis que el propio gobierno se negó a reconocer.
Y dentro de todas estas cifras reveladoras, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acusó un error en la proyección de la deuda del gobierno anterior. En la presentación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre, denunció que el último reporte de la administración de Gabriel Boric tenía inconsistencias por US$10.500 millones en las proyecciones de deuda pública, que al corregirse llevarían a que el endeudamiento supere el límite de 45% del PIB en 2028.
La economista Michelle Labbé señaló: “Hay dos razones que podrían justificar esto: 1. Que son tontos todos y nadie se dio cuenta de estos errores. 2. O que lo hayan escondido a propósito”. Y agregó, esta última alternativa, “porque no creo en la primera” se da en los movimientos bajo la línea –el cenit de la contabilidad creativa y falta de transparencia– sólo significa meter la deuda bajo la alfombra.
La polémica por las cifras fiscales se mantiene. Según ha señalado el Ministerio de Hacienda, en el informe del cuarto trimestre de 2025 el gobierno anterior no incluyó deuda por unos US$10.500 millones ($9.559.289 millones) para el periodo 2026-2030, lo que al corregirse implica que esta superaría el límite de 45% del PIB en 2028, llegando a 45,4%, y alcanzando el 46,5% del PIB en 2030.
Para Chile esto es grave y no había pasado antes: existen dudas respecto a los números, lo que pone en duda nuestra credibilidad financiera.
Hoy no tenemos certeza sobre cuál es realmente la deuda fiscal, cuánto nos vamos a demorar en llegar al 45% que nos pone en riesgo, o cómo se calcula esa deuda. Esa certeza es fundamental porque es la que genera crecimiento, inversión, estabilidad y confianza en el gasto del Estado.
A nivel de lo técnico, la mirada apunta a que no se puede hablar de un “error” en los cálculos de la administración Boric, pero sí se plantean dudas y hacen foco sobre los importantes cambios que hubo en los supuestos que consideraron para estimar la trayectoria de la deuda pública entre los informes de Finanzas Públicas del tercer y cuarto trimestres de 2025.
La justificación, como Partido Nacional Libertario, para presentar una acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau se centra en las graves inconsistencias, fallas y presuntas manipulaciones detectadas en los cálculos fiscales, informes financieros y proyecciones de deuda pública heredados de la administración del expresidente Gabriel Boric.
Acusamos una clara vulneración a la Ley de Administración Financiera del Estado. Sostengo con total convicción que el exministro entregó la gestión con un desastre financiero, y una conclusión es clara: “Si hay error es indefendible y si hubo mala fe, es condenable”.
