Durante su tiempo como defensora, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, representó a acusados por causas complejas. Si bien actualmente por su nueva posición ya no lo hace, sí siguen en esa labor tanto su pareja como su hija. Mientras él ha patrocinado a imputados por Ley de Drogas (está en el listado de personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos de Contraloría), ella defiende actualmente a una de las acusadas por los multimillonarios robos de la banda del “Ojo Móvil”.
Según confirmaron fuentes a la Unidad de Investigación de Bío Bío, la subsecretaria de Prevención del Delito mantiene una relación con el abogado Cristian Mardones, legista que se encuentra en el registro de incompatibilidades para cargos públicos por representar a imputados por Ley de Drogas. Mardones posee más de una decena de causas en la última década por la Ley 20.000.
El mismo jurista, además, defiende al líder de la banda criminal del “Ojo Móvil”, acusada de multimillonarios robos a tiendas de tecnología y que incluso sobornó a dos carabineros para cometer un ilícito. En la misma causa, Ana Victoria Quintana representó a la testaferro y pareja del cabecilla. Cuando asumió como subsecretaria, entregó la defensa a su hija, Francisca Quintana.
De 10 años a cinco
Ana Victoria Quintana y Cristián Mardones Flores han mantenido una relación “de años”, de acuerdo con múltiples fuentes de la plaza, consultadas por la Unidad de Investigación de Bío Bío.
Antes de ser subsecretaria, Ana Victoria Quintana trabajó por casi dos décadas como persecutora en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. En 2023 renunció y se dedicó a ser defensora privada.
En el sistema del Poder Judicial consta más de una causa en que participó tanto ella como Mardones, representando a imputados distintos. Sin embargo, no consta que Quintana haya defendido a imputados por Ley 20.000. En cambio, según el registro de Contraloría al que tuvo acceso Bío Bío Investiga, Mardones ha defendido a una decena de imputados por Ley de Drogas.
Así, en 2021, defendió a Daniel Romero Pérez ante el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Durante un allanamiento, al acusado se le habían incautado 2,9 kilos de cocaína, un arma de fuego Glock con el número de serie borrado y una pistola Astra que no contaba con las autorizaciones correspondientes.
Según quedó acreditado en el proceso, Romero trabajaba para un tercero, a quien le “custodiaba” las sustancias ilícitas. En primera instancia el tribunal condenó al hombre a 541 días de presidio menor en su grado medio por tráfico de drogas y a 10 años y un día por delitos de la Ley de Control de Armas.
Pero Mardones presentó un recurso de nulidad. La Corte de Apelaciones de Santiago lo acogió en 2023, al considerar que el tribunal de primera instancia no había aplicado en su cálculo de la pena las dos circunstancias atenuantes que poseía Romero —irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial—. Por ello, modificó la condena por Ley de Control de Armas a cinco años y un día de presidio menor en su grado mínimo.
Actualmente, Mardones representa a un imputado a quien, durante un control, se le encontró una bolsa con 304 gramos de clorhidrato de cocaína. El Ministerio Público ya presentó la acusación respectiva y debería programarse el juicio oral en las próximas semanas.
El cabecilla y la testaferro
Entre las causas en que Ana Victoria Quintana y Mardones colaboraron está la de una banda que realizó multimillonarios robos. Según la acusación fiscal tenida a la vista por Bío Bío Investiga, la banda estaba compuesta por más de una decena de personas. Operaban entrando en locales comerciales tras el horario de cierre, especialmente tiendas de la empresa Movistar, ya que contaban entre sus integrantes con un operador de la central de cámaras y alarmas de la compañía, apodado “Ojo Móvil”.
En al menos cinco robos usaron la misma técnica: desconectaban los sistemas de vigilancia y aplicaban herramientas especializadas para ingresar hasta las bóvedas. En una ocasión incluso contaron con cobertura por parte de dos funcionarios de carabineros, a los que el líder de la banda pagó por ese apoyo.
Las sumas de cada botín podían llegar, en algunos casos, a más de $100 millones. En total, obtuvieron $400 millones en cinco golpes.
Esa estructura la lideraba Alexis Abarca Castro, según el Ministerio Público, quien es representado por Mardones. Durante la audiencia de formalización, el abogado renunció al patrocinio de otra imputada, Nathaly Aedo, en favor de Ana Victoria Quintana. De acuerdo con una fuente de Bío Bío Investiga, que conoce el caso de cerca, Aedo es pareja de Abarca.
La mujer tuvo participación directa en uno de los robos que dejó pérdidas multimillonarias a Movistar, según la acusación fiscal. Mediante un forado efectuado a un muro colindante a un estacionamiento, los miembros de la banda ingresaron el 27 de septiembre de 2024 a un local de la empresa en Las Condes.
Afuera del frontis se estacionó Aedo, quien realizó las labores de vigilancia en caso de que llegaran carabineros. En total, según la querella de la compañía, sustrajeron 253 celulares, 257 accesorios de alta tecnología y 52 tarjetas SIM. Todo avaluado en más de $128 millones.
A pesar de que, según la acusación, esa fue la única vez que Aedo participó directamente de los robos, el Ministerio Público apunta a que existen registros de que actuó como “testaferro de la asociación delictiva”. Recibió dinero no sólo de ese hurto, sino también de otros tres más, además del obtenido por Abarca mediante la extorsión a un abogado.
Entre sus cuentas corrientes de Banco Falabella y BancoEstado, la mujer registró abonos por más de $120 millones en el periodo analizado.
Estos depósitos provenían principalmente de las empresas Gamytech SpA y Electrobal SpA, propiedad de otros dos imputados. Para justificar el flujo de dinero elaboraron un contrato ficticio con Electrobal SpA, en el que ella figuraba como “gerente de operaciones”, con un sueldo fijo de $3 millones.
Seis años de cárcel
Después de que Ana Victoria Quintana asumiera como subsecretaria de Prevención del Delito, dejó de ejercer como abogada privada en varias causas. Una de ellas fue la del “Ojo Móvil”. En su reemplazo, la subsecretaria dejó nada menos que a su propia hija, Francisca Quintana Basualto.
Los documentos de la carpeta judicial exponen que tras haber sido su defensora desde el comienzo del proceso, Ana Victoria Quintana envió un escrito al tribunal el 9 de marzo de este año. Por medio de ese documento renunció a su labor en la causa por “razones de índole personal” que le impedían “seguir conociendo de la tramitación”.
El 11 de marzo de 2026, misma jornada en que se celebró el cambio de mando en el que asumió José Antonio Kast, la jueza Ximena Rivera certificó que Ana Victoria Quintana había dejado de patrocinar a Aedo López.
El día anterior, la abogada Francisca Quintana Basualto, hija de la subsecretaria, presentó un poder otorgado por la imputada. En el escrito mediante el cual solicitó tener por conferida su designación, la legista también solicitó que se revocara “todo patrocinio y poder conferido con anterioridad”.
A la hija de la subsecretaria le tocará enfrentar la parte más crítica del proceso. Luego de más de un año de investigación, la fiscal Claudia Barraza presentó el 20 de marzo la acusación contra una decena de implicados.
Cinco de ellos admitieron su culpabilidad, con lo que se sometieron a un procedimiento abreviado, incluido el exempleado de Movistar, Sergio Meneses Pérez, quien recibió una pena de 61 días por asociación delictiva y 4 años y 304 días por seis delitos de robo, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva.
Aedo no estuvo en ese grupo. La mujer arriesga tres años y un día por lavado de dinero, 541 días por asociación delictiva y 541 por robo en lugar no habitado. Más de seis años en total. El tribunal programó la audiencia de preparación de juicio oral para el próximo jueves 28 de mayo.
Cuestionamientos
La subsecretaria Quintana ya ha sido cuestionada previamente por los clientes que representó como defensora. A inicios de mes, fue objeto de críticas por su participación en la causa del clan “Los emprendedores”.
En este caso le tocó representar a dos líderes de la banda imputada por los delitos de lavado de activos, asociación criminal, tenencia de armas y falsificación de documentos públicos. Para entonces se cuestionó que asumiera en la cartera de Seguridad siendo que representó a una banda dedicada a portonazos y encerronas.
La Subsecretaría de Prevención del Delito respondió a este medio que Ana Victoria Quintana ejerció libremente su profesión, desempeñándose de manera pro bono, principalmente en mujeres y adolescentes. Lo anterior excluía a causas vinculadas al tráfico ilícito de drogas o de similares naturalezas.
“El traspaso de la causa a una abogada de su confianza se explica, justamente, por el carácter pro bono de dicha representación. Se descarta absolutamente cualquier conflicto ético. No existe vínculo alguno entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y la causa en cuestión: se trata de un proceso judicializado, de conocimiento de la Fiscalía y los abogados intervinientes, sin que exista convergencia alguna entre las funciones de la Subsecretaría y el Ministerio Público o los Tribunales en este caso particular”, aclararon.
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El sumario: “Fue prepotente”
Al mirar el pasado de la subsecretaria —quien dicho sea de paso es figura clave en el andamiaje de la lucha estatal contra la delincuencia— resalta su única sanción como fiscal. Ocurrió en 2020, cuando sus superiores, el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, y el entonces fiscal nacional, Jorge Abbott, sellaron una amonestación privada.
De acuerdo con el sumario —al que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío— la persecutora “usó su cargo para fines ajenos a su función”. En concreto —se desprende del expediente—, enrostró ser fiscal del Ministerio Público durante una discusión con personal de Seguridad Ciudadana de Lo Barnechea y Carabineros, a propósito de una disputa de su entonces pareja Andrés Morales Soza con la exesposa de este último.
Según estableció el proceso administrativo, Quintana llegó al condominio de la mujer para retirar documentación desde el edificio, puesto que Morales mantenía una orden de alejamiento de su excónyuge.
Ahí se desató la polémica: la entonces fiscal habría acusado que la documentación que daba cuenta de la medida cautelar había sido adulterada. Al llegar personal de Carabineros y Seguridad Ciudadana en medio del entuerto —reza el sumario— les enrostró su cargo.
“Nos acercamos hacia la mujer que estaba en la conserjería, junto al conserje, y ella se nos presenta como fiscal y manifiesta que el documento que contiene la medida cautelar y que se encontraba materialmente en la conserjería, estaba mal confeccionado y que en consecuencia era falso (…) La señora que se presentó como fiscal se llama Ana Victoria Quintana Olguín. No fue grosera pero sí fue prepotente”, atestiguó uno de los sargentos de la policía uniformada que denunció a la hoy subsecretaria.
“Considero que el hecho de presentarse como fiscal parecía una presión sobre nosotros, lo que no logró, porque nosotros ante la duda nos comunicamos de inmediato con la fiscalía para ser guiados ante el procedimiento a adoptar”, declaró otro de los efectivos de la institución verde oliva.
Un guardia de seguridad municipal avaló los dichos de los policías: dijo que Quintana “repetía que era fiscal y que por eso estaba obligada a retirar el documento [la orden de alejamiento]”.
“Cuando Carabineros le consulta, ella también dice ser fiscal y le muestra la credencial, el sargento le pregunta por qué está haciendo uso del cargo de fiscal para retirar un documento y ella le responde: ‘No me he presentado como fiscal’, ante lo cual el sargento replica: ‘Cómo que no, si acaba de hacerlo’. El sargento le preguntó por qué no se presentó como una persona común y corriente, pero la señora responde: ‘Yo soy fiscal las 24 horas del día’, por lo que el sargento dijo que iba a dar cuenta a la fiscalía de lo que sucedió”, declaró el mismo servidor público.
La llamada
El fiscal que sustanció el sumario contra Quintana también tuvo a la vista la transcripción de la llamada que sostuvieron los carabineros con el operador del Ministerio Público que esa tarde los atendió.
Operador telefónico: Fiscalía.
Carabinero: Buenas noches.
Operador telefónico: Buenas noches.
(…)
Carabinero: Pasa lo siguiente, yo llegué a un procedimiento por incumplimiento de medida cautelar (….) Resulta que me encuentro con la sorpresa de que la persona anda con otra persona, que se apersonó como fiscal.
Operador telefónico: Ya.
Carabinero: Como abogado de él, llegó se apersonó como fiscal.
Operador telefónico: ¿Dijo que era fiscal?
Carabinero: Como atemorizando al personal de conserjería y municipal, para reunir antecedentes de la medida cautelar y en el fondo quería rescatar un documento. (…) Ya y bueno, bueno yo no sé, yo lo encuentro grave que llegó y apersonó como fiscal, siendo que, creo yo, está fuera de las funciones y ella reclama por un documento que Carabineros llevó. (…) Mi pregunta es… ¿ella fuera de sus funciones puede llegar en su rol de fiscal?
Operador telefónico: No po, o sea los fiscales tienen exclusividad en su funciones.
Carabinero: Tiene exclusividad, ¿puede llegar como fiscal?
Operador telefónico: Sí po, tiene exclusividad, no para representación de terceras personas, estaría fuera de sus atribuciones
Carabinero: Por eso le estoy preguntando, eso es lo que está pasando aquí ahora.
Operador telefónico: Sí, o sea, claro, es que ya sería un tema más administrativo, que tendría que adoptar medidas disciplinarias la otra fiscalía.
La sanción
El episodio justamente derivó en el sumario contra Quintana. Durante el proceso, ella negó haber usado su cargo para fines ajenos a sus funciones. Dijo que se presentó ante el conserje sólo como “Ana”, la “pareja de Andrés”. Y como él ya la conocía no fue necesario introducirse como fiscal. Así, acusó a los carabineros de no querer tomarle la denuncia por falsificación de instrumento público y que ante ellos tampoco afirmó ser persecutora.
“Ese tipo de expresiones nacieron de manera propia y personal por parte del funcionario”, declaró. “Yo ante este funcionario jamás me presenté como fiscal, él ya sabía que yo detentaba dicho cargo. Esta conversación se extendió por varios minutos, volviéndose el Jefe de Patrulla más agresivo, consultando una y otra vez si yo estaba allí como fiscal o representando a Andrés como abogada. Le insistí que yo era su polola y lo que deseaba es que acogieran mi denuncia por la falsificación y yo me retiraría de allí”.
Pese a su defensa durante el proceso administrativo y a que en dos ocasiones el fiscal del sumario solicitó su sobreseimiento, finalmente se le formularon cargos. Su entonces superior, Héctor Barros, dio el visto bueno y se le sancionó con una amonestación privada.
“El presentarse como fiscal para poder realizar un acto que no es propio del cargo, cuando no se trata de una causa que está investigando en dicha calidad, se encuadra dentro de la falta administrativa invocada, que precisamente limita el actuar de un fiscal, en cuanto al ejercicio de acciones funcionarias en pos de un interés particular”, zanjó Barros.
Quintana apeló pero fue sancionada de todas maneras.
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