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Acorralado por la realidad, el oficialismo tuvo que abdicar de su identidad para sobrevivir.
El inicio de un nuevo ciclo político suele venir acompañado de la urgencia por refundar las prioridades del Estado, especialmente en estos tiempos, en áreas tan sensibles como la seguridad pública. Sin embargo, la actual administración del presidente Kast se encuentra ante una paradoja inédita en la historia reciente de Chile: no tiene la necesidad de diseñar un plan de emergencia ni de crear herramientas legislativas desde el vacío para enfrentar la crisis delictiva.
La razón es tan simple como demoledora: el andamiaje normativo, estratégico e institucional más severo de las últimas décadas ya fue aprobado, financiado y firmado por el gobierno saliente de Gabriel Boric. La trinchera ideológica de la izquierda no cayó por una derrota electoral, sino por una capitulación doctrinaria ante el peso de los hechos.
Para comprender la magnitud de este vuelco, es imperativo recordar el punto de partida. En marzo de 2022, la coalición de Apruebo Dignidad llegó a La Moneda portando el relato de una revolución en desarrollo que se había incubado desde el estallido insurreccional de octubre de 2019.
El programa original no ocultaba sus afanes de repliegue estatal: se hablaba con soltura de refundar Carabineros, se cuestionaba sistemáticamente el uso legítimo de la fuerza y se relativizaba el principio de autoridad en pos de una supuesta justicia social que justificaba el desborde urbano. El clímax de esta utopía se plasmó en la propuesta de la Convención Constitucional, un texto que pretendía debilitar los pilares mismos de la República.
El quiebre definitivo de este diseño ocurrió el 4 de septiembre de 2022. Aquel plebiscito no solo sepultó un borrador constitucional partisano, sino que desarticuló el sustento cultural del octubrismo. Al naufragio político se le sumó, de inmediato, el violento choque con la realidad criminal en las calles.
El desborde de la seguridad pública no fue casual. Se fraguó en dos fronteras ideológicas que la izquierda prohijó con complacencia.
La primera de ellas fue la migración descontrolada. Amparados en el dogma globalista de las fronteras líquidas y sus discursos de puertas abiertas, vastos sectores del progresismo criminalizaron el control fronterizo.
Las consecuencias para el tejido social chileno fueron brutales: la importación de categorías delictuales inéditas para el estándar local. El sicariato como método de resolución de conflictos, las bandas de “motochorros” armados en los centros urbanos y el secuestro extorsivo alteraron para siempre la cotidianidad nacional.
La segunda frontera fue la territorial, cuyo laboratorio original estuvo en la Macrozona Sur. Durante una década, la izquierda romantizó e incluso convalidó un ecosistema de violencia terrorista marcado por la quema de templos, el asesinato de parceleros y el cobro de peajes extorsivos a la producción agrícola, bajo el cómodo eufemismo del “conflicto ancestral”.
El propio Gabriel Boric, en su etapa parlamentaria y de campaña, llegó a denominar comunidades como Temucuicui, “territorios liberados” ajenos a la potestad del Estado. Esa misma lógica de permisividad fue la que se extendió a nivel nacional validando las tomas y la usurpación ilegal de terrenos.
Sin embargo, el ejercicio del poder disuelve las consignas. El balazo que recibió la comitiva de la ministra del Interior a días de asumir en el sur, sumado al horror ciudadano ante el asesinato de Carabineros en actos de servicio, obligó a La Moneda a iniciar la mayor humillación política de su historia: gobernar bajo las reglas del adversario.
Acorralado por la realidad, el oficialismo tuvo que abdicar de su identidad para sobrevivir. Fue así como la oposición, liderando el Congreso con parte del oficialismo, a través de mecanismos como el Fast Track Legislativo, impuso los términos del debate.
La izquierda moderada terminó firmando la Ley Naín-Retamal de legítima defensa privilegiada policial —la misma que sus parlamentarios tildaron de “gatillo fácil”—, militarizando la frontera norte mediante la Ley de Infraestructura Crítica, decretando Estados de Excepción ya permanentes en el sur y visando una Ley de Usurpaciones que criminaliza las tomas de terrenos que antes justificaban. En estas iniciativas legales no estuvieron disponibles los votos de parlamentarios del PC y el Frente Amplio en su totalidad.
El broche de oro de esta claudicación fue la promulgación de la Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031. Al firmar este decreto de largo plazo, el expresidente Boric no hizo más que amarrar institucionalmente una hoja de ruta centrada en la persecución penal, la inteligencia y el uso de la fuerza; un modelo que cubre incluso el actual mandato de sus sucesores.
El desafío del actual gobierno no radica en la épica de grandes planes especiales, sí en algunas nuevas necesarias leyes, también en la eficacia administrativa. Todo esto en el marco de dos ejes centrales: Respaldo a nuestras policías y FFAA, y la firme voluntad de aplicar la ley.
