Hoy, 25 de noviembre, renovamos un compromiso: representar a todas las mujeres, especialmente a quienes han quedado al margen de nuestra sociedad y que, generalmente, no han sido oídas por el Estado.

En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quiero detenerme en un punto incómodo, a veces invisibilizado: las mujeres que llegan a la cárcel siendo víctimas de violencia de género, cargando historias previas de abuso, pobreza y discriminación, muchas veces ejercida o tolerada por el propio Estado.

Los tribunales chilenos han comenzado a reconocer esta verdad. La Corte Suprema ha sostenido que mantener encarceladas a mujeres con graves problemas de salud o con hijos lactantes, sin considerar su contexto de vulneración, puede convertirse en violencia ejercida o tolerada por el Estado. Incluso ha ordenado sustituir prisiones preventivas o condenas en razón del enfoque de género y del derecho al cuidado.

Eso que en los fallos se denomina “tratamiento desigual para lograr la igualdad” no es más que recuperar la lógica más básica del derecho: la dignidad humana no se suspende al cruzar una reja.

Las mujeres no deberían estar en peores condiciones que los hombres en las cárceles, ni ser separadas de sus hijos sin una justificación estrictamente necesaria para los fines del proceso.

En la Defensoría Penal Pública, vemos lo que muchos discursos prefieren callar: hay mujeres que enfrentan el sistema penal tras años pidiendo ayuda que nunca llegó.

La ley no exige dureza: exige justicia.

El derecho internacional lo ha dicho con todas sus letras: cuando el sistema desoye las vulnerabilidades específicas de las mujeres, reproduce la violencia que se supone viene a combatir.

Por eso, la Defensoría ha construido argumentos que hoy están transformando la jurisprudencia: el deber reforzado de fundamentación para encarcelar mujeres, la protección del vínculo materno, el reconocimiento del derecho a cuidados y la exigencia de condiciones dignas de reclusión.

Pero no basta con sumar este tipo de fallos. La lucha es cultural. Requiere que todos los intervinientes del sistema penal se pregunten, aunque sea incómodo hacerlo: ¿Qué historia hay detrás de esta mujer?

Hoy, 25 de noviembre, renovamos un compromiso: representar a todas las mujeres, especialmente a quienes han quedado al margen de nuestra sociedad y que, generalmente, no han sido oídas por el Estado.

Tenemos el deber de continuar este camino: escuchar, aprender, transformar. Porque ninguna mujer debería ser castigada dos veces: primero por la violencia que vivió, y después por el sistema que debía protegerla.