FES, Trump y la autonomía universitaria

Se ha traído a colación lo ocurrido en otros países, donde gobiernos autoritarios condicionaron el financiamiento a las universidades para imponer su visión ideológica. Las alusiones al presidente Trump y a lo ocurrido en universidades como Harvard o Columbia han sido incesantes tanto en el parlamento como en los medios de comunicación.

También se mencionan casos como Bolsonaro, en Brasil; Ortega, en Nicaragua, o Milei, en Argentina. La pregunta es válida: ¿podría ocurrir algo similar en Chile?

Mi respuesta es no. En el país, la gratuidad universitaria ya supone una alta transferencia de fondos públicos, y no ha significado una amenaza seria a la autonomía institucional. Tampoco el diseño del FES contiene mecanismos que faciliten el control político o ideológico del sistema universitario.

Proteger y fortalecer la autonomía universitaria

El debate nos recuerda la importancia de proteger y fortalecer la autonomía universitaria. Esta no solo asegura la independencia de gestión y decisión de las universidades, sino que garantiza su rol como espacios de pensamiento crítico, pluralismo, defensa de los derechos humanos y promoción de las libertades cívicas. Han sido precisamente estos atributos los que han incomodado históricamente a regímenes autoritarios.

Chile tiene su propio precedente. Tras el golpe de 1973, la dictadura intervino todas las universidades, impuso rectores delegados, expulsó estudiantes y académicos, y cerró carreras enteras por razones ideológicas. Esa experiencia debe recordarnos que la autonomía no es un lujo, sino un pilar democrático.

Por eso he propuesto elevar este principio a rango constitucional. La autonomía universitaria no debe confundirse con la sola libertad de enseñanza. Va más allá: implica el derecho de las instituciones a gobernarse, definir sus proyectos educativos y fijar sus políticas de investigación sin interferencias externas.

FES, universidades y democracias

A esta garantía debe sumarse la libertad de cátedra; es decir, la posibilidad de que cada académico o académica enseñe, investigue y opine libremente dentro del marco del rigor intelectual. Sin esa libertad, la autonomía se vacía de contenido.

Ambos principios están reconocidos en la Ley 21.091, pero llevarlos al texto constitucional significaría blindarlos de posibles amenazas futuras. El debate que ha abierto el FES puede ser una oportunidad para avanzar en esa dirección, fortaleciendo así no solo a nuestras universidades, sino a nuestra democracia.