Tras una maratónica semana en el Congreso, logramos instalar desde el Partido Republicano un debate que hace algunos años habría parecido imposible: La gravedad de los abusos que se cometen hoy en la justicia ordinaria contra policías y militares, quienes son tratados como delincuentes solo por cumplir su labor, y la necesidad de volver a la Justicia Militar para que conozcan los casos en que estén involucrados funcionarios carabineros y militares.
Esto no ocurre por azar, como quiere dar a entender la ministra Tohá. No es una ocurrencia de último minuto sino una crítica que hemos levantado consistentemente durante años en sectores de la sociedad chilena. Críticas que la izquierda nunca se tomó en serio.
Prefieren seguir inventándose esa falsa superioridad moral, tan impropia viniendo de quienes hasta hoy defienden las dictaduras en Cuba y Venezuela.
Hoy, fruto de la labor de jueces y fiscales ideologizados hay uniformados cumpliendo penas injustas en la cárcel. Hace semanas fuimos con el diputado Cristián Araya a visitar al conscripto Carlos Robledo, quien cumple condena en La Serena por haber seguido órdenes el 2019, y haber salido a repeler hordas de manifestantes que provocaban desórdenes en la ciudad. En ese contexto lamentablemente murió uno de los manifestantes, y años después, sin siquiera periciar su arma y aprovechándose de una declaración que él entregó como testigo, sin un abogado presente, los tribunales resolvieron que él era el culpable.
Ese es el nivel de injusticias que viven hoy tantos uniformados.
Esa es la injusticia que también está viviendo el cabo de la Armada Ricardo Seguel, actualmente procesado en Cañete por la muerte de un comunero mapuche en medio de un enfrentamiento armado, curiosamente en la misma carretera donde hace pocos días fueron asesinados tres carabineros.
Estas son las historias que nos cuentan decenas de uniformados que deben enfrentar en silencio el paseo infame por los tribunales. Ese es el pago de Chile con quienes han puesto su vida en la línea para defender nuestra seguridad, y en el reciente estallido delictual, incluso nuestra democracia.
Los Republicanos tenemos la convicción de que esto debe cambiar.
No podemos seguir tratando con tanto desprecio e injusticia a quienes, cumpliendo órdenes, salen a la calle a garantizar que todos los chilenos podamos dormir un poco más tranquilos. Ellos necesitan nuestro respaldo para enfrentar con más fuerza el crimen organizado y el terrorismo que hoy asolan nuestro país.
Por eso repondremos en el Senado la indicación para trasladar estos casos a la Justicia Militar, y esperamos ahí se apruebe.
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