Luego de cuatro jornadas de audiencias de formalización en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, el tribunal decretó prisión preventiva para seis médicos y un representante legal de un presunto centro médico, implicados en la venta de licencias médicas fraudulentas a funcionarios públicos.
Se trata de siete personas de nacionalidad extranjera: Manuel Tejera Altamar, colombiano; Einer Ramírez Flores, colombiano; Roger Sebastián Llapo, peruano; Edgar Camelo León, colombiano; Krissy Mora Duarte, venezolana; Mayra De la Fuente Aguilar, cubana, y Jorge Luis Galvis Machado, colombiano.
Cabe recordar que los imputados están ligados a los hallazgos realizados por la Contraloría General de la República en mayo de este año, respecto de más de 25 mil funcionarios públicos que salieron de Chile mientras se encontraban con licencia médica. A estos casos se sumaron quienes hicieron uso de su permiso médico y asistieron a casinos en territorio nacional.
A los imputados se les vincula a un perjuicio superior a los $20 mil millones a Fonasa, tras la emisión de 35.978 licencias médicas falsas entre 2021 y 2024. Por estos hechos, se les imputaron los delitos de fraude de subvenciones y falsificación de licencias médicas.
A lo anterior se suma que el Ministerio Público solicitó la formalización de 318 funcionarios públicos, cuyas identidades, en una cantidad significativa, fueron reveladas por la Unidad de Investigación de BioBioChile.
Fiscalía Oriente tras formalización de médicos por venta de licencias fraudulentas
El fiscal de Alta Complejidad Oriente, Álvaro Pérez, añadió que los imputados fueron formalizados por asociación ilícita y consignó que el tribunal estimó que eran “un peligro para la seguridad de la sociedad”.
Además, respecto de los funcionarios para quienes se solicitó formalización por adquirir una gran cantidad de licencias médicas, señaló que dichas audiencias deberán ser fijadas por el tribunal dentro del plazo de investigación.
El persecutor agregó que los médicos involucrados están adscritos a dos centros médicos, aunque en la indagatoria existen antecedentes sobre un tercero adicional. Todos ellos tenían la misma dirección, correspondiente a lugares donde no se ejercían actividades propias de médicos, sino que funcionaban como oficinas para efectos tributarios y de correspondencia.
Los imputados cumplirán la prisión preventiva en Santiago, mientras que una imputada lo hará en Puerto Montt. Estas medidas cautelares se decretaron junto con la fijación de un plazo de investigación de 120 días.
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