Este miércoles, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y la Brigada Anticorrupción de la PDI, realizan diversas diligencias en el Servicio de Salud Metropolitano Sur luego de que la Contraloría denunciara una supuesta pérdida o robo de droga en el lugar donde debía ser custodiada antes de su destrucción.
La alerta fue presentada por la contralora Dorothy Pérez, al detectar diferencias entre el pesaje de la droga decomisada y la cantidad final.
La investigación, encabezada por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros y el fiscal anticorrupción Gamal Massú, indaga posibles delitos de tráfico de drogas y corrupción en la cadena de custodia.
Investigación por eventual tráfico de drogas y corrupción
A raíz de esta situación, el Ministerio Público junto a la PDI están realizando diligencias en el servicio ubicado en Avenida Santa Rosa 3453, San Miguel, con el objeto de revisar la cadena de custodia de los estupefacientes.
En el lugar, el equipo investigativo está realizando un trabajo de archivo, revisando las actas de recepción de drogas, registros de ingreso y los análisis del proceso de destrucción. Además, se están realizando entrevistas a los trabajadores del servicio.
De acuerdo al fiscal Barros, el informe de Contraloría denuncia que “hay una diferencia en la droga incautada versus los pesajes que hace finalmente el Servicio de Salud”.
Ante esta situación, el fiscal señaló que este procedimiento abarca también la realización de pericias con los equipos electrónicos de pesaje para determinar si las diferencias de peso denunciadas son un error técnico o una intencionalidad.
Asimismo, también comentó que se está revisando el proceso de pagos que hay a propósito de la destrucción de esta droga.
Indagatoria se extiende a otros centros del servicio
En esa línea, el fiscal precisó que si bien es muy temprano para concluir un tipo penal en específico, la revisión busca determinar si los procesos se realizaron conforme a las normas legales, destacando que los eventuales delitos van “desde sustracción de droga, que infringe la Ley 20.000, hasta algún fraude que pudiese existir a propósito de los pagos que se realizan por las destrucciones”.
Barros dijo que, si bien el origen de la indagatoria es la sede de San Miguel, la revisión es de todo el proceso, de principio a fin, e incluye a los otros dos lugares que utiliza el Servicio de Salud para la destrucción de la droga, con el fin de buscar la responsabilidad penal si se detecta alguna anormalidad.
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