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La Contraloría General de la República emitió un instructivo reforzando la obligación de funcionarios públicos y trabajadores del Estado de comparecer ante Comisiones Especiales del Congreso, sin importar su tipo de contrato. Expertos señalan que esta exigencia siempre ha existido y no se ha abusado de ella. El jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, ha sido criticado por no asistir a una citación en 2023, argumentando que al ser funcionario honorario no estaba obligado. Parlamentarios como Henry Leal y Camila Musante expresaron su preocupación por esta negativa, destacando que todos los funcionarios públicos deben rendir cuentas ante el Congreso según el instructivo de la Contraloría, el cual enfatiza la obligación de proporcionar información y antecedentes sobre su gestión y uso de recursos públicos.
La Contraloría General de la República emitió un instructivo que refuerza la obligación de los funcionarios públicos y trabajadores del Estado, que reciben sueldo estatal, de comparecer ante las Comisiones Especiales Investigadoras del Congreso. Ante esta situación, los diputados PPD y UDI se refirieron a Miguel Crispi, quien no asistió a sesiones anteriores.
El documento establece que esta exigencia se aplica a todas las personas que integren o presten servicios en la Administración del Estado, incluidos los municipios y las empresas estatales, sin importar si su contrato es de planta, a contrata o a honorarios.
El abogado y académico de derecho administrativo de la Universidad de Chile, Julio Pallavicini, sostuvo que la obligación de comparecer ante estas instancias siempre ha existido. Además, destacó que, según su opinión, no se ha detectado un uso abusivo de esta herramienta por parte del Congreso.
En ese momento, la ministra del Interior, Carolina Tohá, argumentó que, por ser funcionario honorario, no estaba obligado a comparecer.
Parlamentarios apuntan contra Crispi por instructivo de Contraloría
El diputado de la UDI, Henry Leal, afirmó que la postura de Crispi ha quedado sin sustento. Esto se debería a que el instructivo deja en claro que todos los funcionarios públicos deben rendir cuentas ante el Congreso.
Por su parte, la diputada del PPD, Camila Musante, calificó como preocupante la negativa de Crispi a comparecer en el pasado. Igualmente, la parlamentaria confió en que esto no vuelva a ocurrir en el futuro.
El oficio también subraya que quienes sean citados no solo tienen la obligación de asistir, sino también de proporcionar la información y los antecedentes requeridos sobre su gestión, sus funciones y el uso de recursos públicos.
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