Estudiantes del Internado Nacional Barros Arana, el Liceo Darío Salas y el Instituto Nacional se concentraron ayer en la entrada de este último establecimiento manifestando su rechazo a la Ley Aula Segura, y la forma en que criminaliza -a su juicio- a los estudiantes movilizados.
Esto, a propósito de la expulsión de seis alumnos del Darío Salas, quienes fueron detenidos por Carabineros en sus respectivos hogares, luego que las autoridades del establecimiento los identificaran como responsables del ataque contra una funcionaria que fue rociada con bencina durante una protesta estudiantil el jueves pasado.
El presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, Rodrigo Pérez, sostuvo que los hechos de violencia son una consecuencia directa del actual sistema educativo, y llamó al Gobierno a solucionar las demandas con una perspectiva estructural.
Por su parte, el vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), Vicente Chanfreau, anunció que aumentarán las movilizaciones y acusó al Gobierno de reprimir sistemáticamente a los secundarios.
La directora del Liceo Darío Salas, Lilian Vincent, respaldó las acusaciones contra estudiantes expulsados, y detalló que participaron tanto en forma directa como indirecta, en la organización de las manifestaciones.
Mientras los profesores paralizaron sus actividades acusando violencia excesiva por parte del alumnado, algunos apoderados sostienen que la dirección persigue a ciertos estudiantes, acusándolos sin contar con investigaciones o pruebas concretas en su contra.
A través de una declaración pública, desde el Centro de Estudiantes del IN dijeron que si bien ellos no hicieron el llamado a manifestarse ayer, concuerdan con el malestar del alumnado, rechazando sí su envergadura “pues consideramos que con antelación a un proceso de tal extrema violencia, debemos ser capaces de darle solidez a la comunicación interna e instancias de participación transversal en el aula”.
