Lo que hasta hace pocos años nos parecían escenas surrealistas que mirábamos por televisión y que ocurrían en naciones del vecindario, hoy nos golpea con una fuerza brutal, donde la realidad ha llegado a superar con creces la ficción.

El último episodio de esta compleja trama se vivió la madrugada del sábado 27 de abril, en Cañete, donde un acto terrorista premeditado, terminó salvajemente con la vida de 3 carabineros, dejando a sus familias devastadas y a todo un país consternado.

Ese acto de violencia extremo, además de mostrar que las bandas criminales que operan en Chile no tienen límites, confirma que cada vez son más los territorios que ya no están controlados por el Estado, sino que en manos de quienes se logran imponer por la fuerza de las armas y la extorsión.

Un país en el que los criminales están dispuestos a enfrentar a las fuerzas policiales y matar a sus agentes, es un reflejo de cuán debilitado está el Estado en lo más esencial, que es su soberanía. Matar a un funcionario policial no es otra cosa que matar la ley y el último bastión de resguardo de la democracia.

Cifras alarmantes

Datos recientes indican que del total de los asesinatos vinculados al crimen organizado en Chile, cerca de la mitad están relacionados a miembros de las propias bandas que se enfrentan por el territorio y el lucrativo negocio ilícito en torno al narcotráfico y sus derivados.

Pero es cuestión de tiempo para que ese porcentaje cambie y sea en su mayoría la población civil la que forme parte del listado, que no podemos descartar, comience a incluir a dirigentes políticos, periodistas, fiscales, jueces y autoridades de gobierno.

Algunos continúan confiados diciendo que estas son voces alarmistas, que todavía estamos lejos de esa realidad que viven naciones vecinas y del continente, pero lo mismo afirmábamos hace tan sólo un par de lustros respecto al punto en el que nos encontramos hoy.

En el Chile actual, todo es posible en lo que se refiere al avance del crimen organizado, incluido que vengan desde un país gobernado por una dictadura a matar -por encargo y con un móvil político, según la tesis que maneja la Fiscalía- a un exmilitar disidente de ese régimen autocrático que viola los derechos humanos.

Algunos se niegan a asumir la realidad y la fuerza de los hechos, pero me parece bueno verbalizarlo, para ver si caen en cuenta de lo que está pasando: Chile está a las puertas de convertirse en un Estado fallido. Así de duro y difícil es digerir el escenario presente, y como no lo queremos reconocer, es poco lo que se está haciendo para evitar que lleguemos a esa instancia.

La interrogante que surge a la luz de estos antecedentes es si quienes hoy nos gobiernan, no observan la realidad por incapacidad, o porque la están omitiendo por ideología, ya que son ellos los que antes de asumir la conducción del país indicaron que le inyectarían incertidumbre.

Sin embargo fueron más allá que eso, y no sólo le metieron incertidumbre, sino que también un alto riesgo de repetir el experimento que tiene hoy a Venezuela como un país sumido en la miseria y sin libertades. Quizás hacia allá nos quieren llevar, y como no les resultó con el experimento constitucional, lo está haciendo de una forma menos convencional.

Es una duda razonable que dejo planteada.