A dos semanas del comienzo de las clases, los apoderados del colegio particular subvencionado San Sebastián de Pelarco vieron abruptamente interrumpidos los preparativos que estaban realizando para el inicio del año escolar 2018.

De acuerdo a sus versiones, el día lunes en la tarde algunos de ellos observaron que personas estaban cargando los muebles del colegio en camiones. Así, rápidamente se corrió la voz y la alarma.

“Nadie nos avisó, solamente porque vimos movimiento en el colegio y con eso vinimos a preguntar y nos enteramos que el colegio estaba vacío. Habían sacado hasta las pizarras”, cuenta la presidenta del centro de padres, Binka Loyola.

Fue entonces también cuando se enteraron que la sostenedora había ordenado la acción y que se estaba llevando los muebles a otra ubicación, en Talca.

Conflicto legal

En ese contexto también supieron que había una disputa judicial entre la sostenedora del establecimiento, Gloria Rojas, y el dueño del inmueble, Pedro Walcher.

Por ello, ambos llegaron ayer al lugar junto a sus respectivos abogados; además de un representante del Ministerio de Educación; los apoderados; y el alcalde de Pelarco, Bernardo Vásquez, quien dijo que realizó la convocatoria con el fin de que los apoderados pudieran tener más claridad sobre un tema que hasta el momento era muy confuso.

Pedro Walcher afirma que desde el año 2011 le arrienda el establecimiento a Gloria Rojas y acusa deudas de esta última que derivaron en una demanda ante la justicia.

“En base a eso, ella tomó la decisión de retirarse de acá. Porque hubo un dictamen del Juzgado de Letras en que se reconoce la deuda que mantiene con nosotros”, afirmó Walcher.

Por su parte, Gloria Rojas, aunque habló con los apoderados en la reunión de ayer, declinó posteriormente dar declaraciones a la prensa. Su abogada, María Pía Eterovic, confirmó que la acción se realizó por “una demanda que el dueño del establecimiento hizo”.

En comunicación directa con los apoderados Rojas precisó que más que decisión libre, fue obligada a irse producto de una orden de desalojo en su contra de la que tomó conocimiento este mes.

Explicó además que de acuerdo a sus cálculos no esperaba que la orden judicial se emitiera antes de fin de año, razón por la cual no tenía contemplado irse tan pronto de ese lugar, y por lo mismo no informó antes a los apoderados. A ello agregó que nunca fue su intención dejar a los niños sin colegio, razón por la cual arrendó en Talca, ya que no pudo hacerlo en Pelarco.

En tanto, en una carta que leyó su abogada dio cuenta que Walcher se desempeñó un período como administrador del colegio. De acuerdo a su versión, desde ese cargo habría hecho mal uso de recursos, lo cual sería el origen del conflicto actual.

Asimismo, defendió su derecho como sostenedora de llevarse algunos elementos que, según los apoderados, fueron comprados con dineros del centro de padres, como mobiliario y cortinas.

Apoderados preocupados

“A nosotros como apoderados lo que nos interesa es el bienestar de los alumnos. Yo sinceramente no puedo apoyar ninguna de las dos partes”, dijo Binka Loyola desde el centro de padres.

La representante de los apoderados detalló que varios son de sectores rurales, por lo que si ya les costaba llegar a este establecimiento, era prácticamente imposible que pudieran trasladarse a Talca. También dio cuenta de la molestia generalizada producto que ya muchos habían comprado los uniformes y la lista de útiles escolares.

Durante la reunión del miércoles, la representante del Ministerio de Educación llamó a los padres a realizar tan pronto como sea posible una denuncia ante la Superintendencia de Educación para así activar los mecanismos que corresponden cuando “los apoderados sienten que se están vulnerando sus derechos”.

Finalmente, indicó que desde el punto de vista de la normativa del Mineduc la problemática “es totalmente anormal. (Aunque) no es lo correcto, no debería haber sido”, admitió.

En cuanto a la matrícula, el edil Bernardo Vásquez explicó a diario El Centro que de las 5 escuelas municipales de la comuna hay 4 que cuentan con matrícula.

Finalmente, en esta situación también apuntó a la Superintendencia de Educación: “Dónde estaba para fiscalizar justamente estos colegios, donde efectivamente la calidad educacional puede ser muy buena, pero hay problemas de dinero entre el sostenedor y los arrendatarios y lamentablemente los únicos que ‘pagan el pato’ son personas de escasos recursos”.