Abogados señalaron que la vía penal es la más rápida para poner fin a la tomas de terrenos o inmuebles, pudiendo actuar Carabineros en casos de flagrancia y el Ministerio Público a través de una medida cautelar de desalojo. El Gobierno, en tanto, puede intervenir sólo cuando la propiedad ocupada es fiscal.

La toma de las casas en la Villa Los Pinos en San Pedro de la Paz, región del Bío Bío, no es la primera en la zona. Recordemos, por ejemplo, el caso de las viviendas en el sector Punta de Parra, ocupadas desde el año 2015, con una docena de formalizados, pero sin que hasta ahora se haya decretado el desalojo.

Radio Bío Bío consultó al gobernador de Concepción, Julio Anativia, sobre su rol ante el delito de usurpación, explicando que la Gobernación sólo puede intervenir cuando la propiedad ocupada es fiscal.

Clarificado entonces ese punto, en el caso de inmuebles privados como los ocupados en San Pedro de la Paz, es la justicia criminal la que puede actuar a través de herramientas que entrega la ley.

Así lo señaló el penalista Rodrigo Vera Lama, puntualizando en las normas de flagrancia que permite actuar a Carabineros o la medida cautelar de desalojo que puede invocar la Fiscalía al momento de formalizar a los autores de la usurpación.

Coincidió con ello el abogado y exfiscal Eugenio Arriagada, pero enfatizando en que se trata de una cuestión no fácil por todas las implicancias que tiene, incluso políticas, razón por la que estos procedimientos muchas veces no son rápidos.

Sobre la vía civil, el abogado Andrés Durán planteó que también es una alternativa, no obstante advirtió la larga tramitación que tiene una demanda.

En ninguno de los dos casos conocidos en el Gran Concepción -en Tomé y ahora en San Pedro de la Paz- ni Carabineros ni la Fiscalía ha utilizado las herramientas para poner fin a la toma de casas, a diferencia por ejemplo de lo ocurrido en la región de Valparaíso, donde el Juzgado de Garantía de San Antonio y la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenaron esta semana el desalojo de las personas formalizadas por la usurpación de predios agrícolas de la Inmobiliaria Bellavista.