Por robo con violencia e incendio fue formalizado este sábado un joven de 18 años imputado por su presunta participación en un ataque incendiario que afectó a un fundo de propiedad de Forestal Mininco en Mulchén.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 14 de julio en un predio de Mininco, donde fueron ocasionados incendios que afectaron a seis camiones chiperos y una camioneta.

Tras ser formalizado, la jueza Araceli Pérez denegó la prisión preventiva que había pedido el fiscal Juan Yáñez, quien tiene dedicación exclusiva para indagar las causas de violencia rural en la región del Bío Bío.

La magistrada aseguró que no existieron antecedentes suficientes para acreditar la participación del imputado en los hechos.

Por lo anterior, el persecutor presentó en la misma audiencia una apelación que fue acogida por la jueza Pérez, ordenando el ingreso en tránsito del joven al Centro de Detención Preventiva de Mulchén.

Además, elevó los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Concepción, fijando un plazo de investigación de tres meses.

En tanto, el fiscal Yáñez dijo que insistirá ante el tribunal de alzada penquista con sus argumentos.

Afirmó que existe evidencia de que el imputado usó la misma vestimenta el día del ataque incendiario a maquinaria forestal en un fundo de la empresa Mininco y cuando estuvo en el exterior de la cárcel de Angol.

Allí se encontraría un interno de la etnia mapuche por el cual se pedía la liberación, según los rayados que dejaron en el lugar del atentando donde fueron quemados 6 camiones y una camioneta.

La ropa que habría usado el joven detenido, un pantalón de buzo con rayas blancas y rojas, fue encontrada en su domicilio, según señaló el persecutor Juan Yáñez, quien coordinó la diligencia en conjunto con la Fiscalía de Collipulli que investigaba otro hecho.

Pero la jueza manifestó en la audiencia que “no parece del todo concluyente llegar de una persona que podría utilizar un buzo a quien está imputado al día de hoy, ya que es una prenda que podría utilizar cualquier persona, en cualquier situación”.

Por su parte, la defensora penal pública, Melissa Riquelme, cuestionó los elementos probatorios del Ministerio Público y los querellantes, lo cual fue respaldado por el Tribunal de Letras y Garantía.

De acuerdo al ente persecutor, entre las 18:30 y 19:00 horas del 14 de julio de 2020, un grupo de al menos siete sujetos, encapuchados y con ropas oscuras con chalecos antibalas y armas de fuego cortas y largas, llegó a bordo de una camioneta hasta la portería del predio de empresa Forestal Mininco, ubicado a la altura del kilómetro 554 de la Ruta 5 Sur.

Tras bajar del móvil, apuntaron y amenazaron de muerte al guardia, sustrayéndole una radio de comunicaciones, un teléfono celular y un chaleco antibalas.

Posteriormente, obligaron al guardia a mantenerse en su puesto para que detuviera los camiones que llegaban al predio y para que escribiera en el libro de novedades consignas en favor de la causa mapuche.

Luego, detuvieron a los camioneros que se dirigían al interior de la faena, amenazándolos con las armas y obligándolos a que se trasladaran al frente del trabajo, lugar en donde existía un container de alimentación y descanso y una máquina chipeadora (trituradora).

En dicho lugar, amenazaron a los trabajadores, los amarraron, custodiaron y robaron dineros, para después premunidos de botellas con combustible prender fuego a los vehículos, resultando seis completamente quemados.

Además, intentaron quemar el container y la chipeadora, lo que no lograron por completo por falta de hidrocarburos.

Finalmente y tras rayar una caseta con consignas mapuches, sustrajeron una camioneta que estaba en el sector y se dieron a la fuga, disparando al aire, móvil que después incendiaron.

El avalúo total de los daños alcanza alrededor de 300 millones de pesos.