En medio de la tramitación legal por la agresión que sufrió una funcionaria del Liceo Enrique Molina a manos de un grupo de estudiantes, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortíz, aseguró que a los menores no se les aplicó la Ley Aula Segura. En la oportunidad, la máxima autoridad penquista llamó al seremi de Educación a dejar los discursos políticos en temas legales.
En tanto, la Corte de Apelaciones de Concepción revocó este lunes la orden de no innovar que paralizó la expulsión de los cuatro alumnos del liceo emblemático.
Pese a celebrar la medida que interpuso el Tribunal, la máxima autoridad penquista llamó al seremi de la cartera, Fernando Peña, a dejar de lado los discursos políticos por sobre la ley.
“Aclararle al seremi que aquí no se ha aplicado la Ley Aula Segura, sino que se aplicó el reglamento de convivencia escolar, que para conocimiento de él y de su equipo, está desde 1998, nosotros estamos para actuar en consecuencia a lo que la ley establece, no en discursos”, manifestó Ortiz.
Al respecto, la abogada del DAEM, Denisse Rojas, aseguró que las diferencias entre el actual decreto DFL2 que rige las normas de convivencia, y la Ley Aula Segura, radica en los plazos a los que se ajusta cada uno.
“El DFL2 del 1998 es el que establece el procedimiento para la expulsión o cancelación de los alumnos, la Ley Aula Segura sólo viene a hacer unas modificaciones y no toca el plazo de los 15 días y, por lo tanto, este es el que se mantiene en plenitud para que los alumnos puedan hacer su reclamo”, explicó.
A la fecha los estudiantes figuran en calidad de expulsados, a la espera del plazo de 15 días que tienen para apelar al proceso administrativo que se les aplicó.
