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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Municipalidad de San Antonio descubrió una posible venta de loteo irregular en Leyda, fuera del límite urbano, sin servicios básicos. Advierten que son zonas donde no se permite crear nuevos centros urbanos y que no podrán ser regularizadas ni urbanizadas. La Dirección de Obras recordó que la Ley General de Urbanismo y Construcciones sanciona con penas de cárcel a quienes promuevan estas ventas ilegales. Compradores podrían enfrentar multas, obras paralizadas e incluso demolición.

La Municipalidad de San Antonio —en la región de Valparaíso— informó que se detectó una posible venta de un loteo irregular en un predio del sector Leyda, el cual además está fuera del límite urbano comunal.

Fue a través de la Dirección de Obras que se descubrió esta situación y, por eso, el municipio hizo un llamado a los vecinos a no adquirir terrenos o derechos de loteos irregulares. “Estos no cuentan con las obras básicas de urbanización exigidas por ley, y no podrán tener acceso a pavimentación, agua potable, alcantarillado, electricidad, alumbrado público ni áreas verdes”, subrayaron.

También aclararon que en muchos casos se trata de zonas donde el Plan Regulador no permite la creación de nuevos centros urbanos, por tanto, no podrán ser regularizas ni urbanizadas.

Por su parte, desde la Dirección de Obras del municipio recuerdan que la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) sanciona con penas de cárcel a quienes promuevan o realicen ventas de terrenos sin urbanización aprobadas por la Dirección de Obras Municipales.

A eso se suman los riesgos al momento de comprar estos terrenos, ya que las personas no podrán construir legalmente y podrían ser multados y las obras paralizadas e incluso demolidas.

La Municipalidad de San Antonio reitera su compromiso con el ordenamiento territorial y la protección de los derechos de las familias, y mantiene una labor de fiscalización permanente para prevenir y denunciar este tipo de prácticas ante el Ministerio Público, a fin de perseguir judicialmente a quienes resulten responsables.