Para dichos trabajos, el Concejo Municipal aprobó la contratación por $500 millones de una empresa que estará a cargo de demoler los inmuebles que ponen en riesgo a los vecinos por el riesgo de colapso de las estructuras.

La Municipalidad de Valparaíso confirmó que, tras un catastro realizado a nivel comunal, ha contabilizado un total de 200 inmuebles en la ciudad que “cuentan con orden de demolición decretadas por la Dirección de Obras Municipales y que no ofrecen las debidas garantías de seguridad o amenazan ruinas”.

De ese total, 30 inmuebles son considerados como “prioritarios” por la casa edilicia, por ello, el Concejo Municipal aprobó el contrato por $500 millones de la empresa Sociedad Constructora Mejillones Limitada, que estará a cargo de las demoliciones y retiro de escombros de estas viviendas.

Alcalde critica “irresponsabilidad” de privados

El alcalde Jorge Sharp explicó que dicho contrato tiene una vigencia de un año y permitirá demoler viviendas que amenazan la seguridad de los vecinos. La autoridad apuntó a la “irresponsabilidad de algunos privados”, ya que los dueños deberían hacerse cargo de las mantenciones.

Las 30 propiedades “prioritarias” están ubicadas en las calles de Orompello, Uribe, Castillo, Valledor, Pedro Montt, Edificio Maluk, Baquedano, Blanquillo, Prieto, Walter Martin, Santa Justina y Yelcho.

Christian Órdenes, director de Operaciones de la Municipalidad de Valparaíso, también apuntó a la “falta de cuidado” que los propietarios no realizan a sus inmuebles.

Para el profesor Uriel Padilla, director de la Escuela de Construcción Civil de la Universidad de Valparaíso, en estos operativos la geomorfología de Valparaíso “es muy relevante”.

A la espera de que se firme el contrato con la Sociedad Constructores Mejillones Limitada, la Municipalidad de Valparaíso prevé que en marzo de 2024 ya estén ejecutadas la mayoría de las obras de demolición en la comuna.

En cada proceso, cabe precisar, se remiten los antecedentes a la Dirección de Asesoría Jurídica para las demandas posteriores, por los gastos en que incurra el propio municipio durante las demoliciones.