Mediante un oficio, la Intendencia de Tarapacá reportó al Tribunal Constitucional que la Municipalidad de Iquique declinó entregar una serie de imágenes captadas el 19 de octubre de 2019, durante una protesta en la cual resultó atacado el Cuartel General de la VI División de Ejército en avenida Arturo Prat.

La información fue solicitada el 18 de noviembre de 2019 en el marco de la indagatoria por el proceso que podría terminar con la destitución del diputado del PC, Hugo Gutiérrez, quien habría estado presente en dichas manifestaciones.

Según quedó consignado en una serie de oficios, el intendente Miguel Ángel Quezada solicitó al alcalde, Mauricio Soria, en específico, preservar las imágenes captadas por edificios aledaños al recinto militar más allá de los 30 días estipulados reglamentariamente, y hacer llegar a la Intendencia los registros captados entre el 18 de octubre y el 18 de noviembre.

Esto fue rechazado por el municipio nueve días después, el 27 de noviembre, argumentando motivos de privacidad contemplados en un oficio del Consejo para la Transparencia y en la Ley 19.628, dado que la imagen de una persona constituye un dato personal que, siendo captado por las cámaras de vigilancia de la Municipalidad, le compete a ésta la responsabilidad de protegerla.

Además, en este sentido, argumentaron que sólo el Ministerio Público está facultado por el Código Penal para perseguir penalmente.

Accedieron, sin embargo, “atendida la grave situación social por la que atraviesa el país” a arbitrar “todas las medidas tendientes a mantener las referidas grabaciones de videovigilancia más allá de los 30 días que permite el sistema, a objeto de prestar toda la colaboración al Ministerio Público en la persecusión penal de los eventuales delitos registrados en ellas”.