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El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó a ocho años de cárcel y una multa de 10 UTM al colombiano Cristóbal Camacho Trejos por tráfico de drogas. El sujeto fue detenido en octubre de 2025 en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, con 4,2 kilos de cocaína adosados al torso, avaluados en unos $85 millones. La Fiscalía acreditó que integraba una organización que financiaba viajes y entregaba ropa acondicionada para trasladar droga a Magallanes. La pena deberá cumplirse de forma efectiva.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó al colombiano Cristóbal Camacho Trejos a ocho años de presidio mayor en su grado mínimo, como autor del delito consumado de tráfico ilícito de drogas. Además, deberá pagar una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
El caso se remonta a octubre de 2025, cuando detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI interceptaron al sujeto en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, luego de que arribara a la capital regional en un vuelo comercial proveniente de Santiago.
Durante el procedimiento, los funcionarios detectaron que el hombre transportaba 4.243,5 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en ocho paquetes que llevaba adosados al torso mediante film plástico y una polera acondicionada para ocultar la droga.
Según los antecedentes acreditados por la Fiscalía, la carga tenía un valor aproximado de $85 millones en el mercado informal.
La investigación de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SAC), encabezada por la fiscal Katerina Aranis, permitió establecer que el condenado integraba una estructura organizada dedicada al tráfico de drogas mediante vuelos comerciales.
En ese contexto, la agrupación delictiva habría financiado sus pasajes aéreos y proporcionado la vestimenta especial que utilizó para trasladar la sustancia ilícita hasta la región de Magallanes.
El tribunal también reconoció las atenuantes de irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos.
Sin embargo, determinó que la pena debía cumplirse de manera efectiva, considerando la gravedad del delito y el daño causado a la salud pública regional.
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