Kast o el nocturno de la autoridad

El gobierno de José Antonio Kast ha sido errático, y profundamente errático. Y ese carácter no se explica por un solo episodio ni por una suma casual de tropiezos comunicacionales. Remite a un problema más hondo: la distancia entre una promesa política construida alrededor de la autoridad y la capacidad efectiva de organizar una coalición, ordenar un gobierno y decidir frente a los conflictos.

Un gobierno puede comenzar con desajustes, cometer errores y atravesar disputas internas sin entrar por ello en una crisis. La situación cambia cuando sus dificultades comprometen el bien que ofreció restituir: la capacidad de conducir, proteger y orientar. Es decir, cuando se cae no solo una promesa, sino un fundamento de todo gobierno de restauración: el orden, la reconstrucción y el principio de autoridad.

La paradoja es evidente. Kast llegó a ser un actor excepcional en un escenario donde pocos estaban dispuestos a hablar de autoridad. Su ventaja consistió en leer una transformación del clima social: después de años de demandas de horizontalidad, participación y distribución del poder, una parte de la ciudadanía comenzó a sentir que también se debilitaban la decisión, la coordinación y la orientación política. Pero haber identificado esa demanda no equivale a saber satisfacerla. La autoridad no se obtiene por nombrarla ni por reclamarla; se demuestra al organizar el poder y asumir, a tiempo, las decisiones que este exige.

Su reclamo de autoridad fue una voz mayoritaria y le permitió un triunfo holgado. Pero era una apuesta. Sin ser joven, José Antonio Kast era un político de trayectoria limitada, solo había sido diputado (donde no se manejan equipos) y no tenía una vida ejecutiva asociada. Y eso era un activo para ganar las elecciones, como ya lo había hecho Boric. Pero no es un activo para gobernar. La autoridad no es solo un efluvio metafísico que se desprende del aura de un líder (aunque a veces haya sido así en la historia). Normalmente la autoridad requiere estrategias y diseños institucionales, pero sobre todo capacidad de decisión a tiempo y con asertividad.

Un gobierno sin arquitectura común

El primer foco errático ha sido la desorganización de la coalición. La construcción de un gobierno no consiste en reunir a personas que comparten una etiqueta ideológica o que expresan confianza en el presidente. Requiere reconocer las distancias entre partidos, fijar reglas para procesarlas y crear espacios donde los desacuerdos puedan transformarse en decisiones comunes. Requiere además una estrategia de actos sucesivos para fortalecer cada decisión con ola anterior. Si esa arquitectura no se diseña antes de que aparezcan los conflictos, cada diferencia tiende a convertirse en una disputa pública por el control, la prioridad o la interpretación del mandato presidencial.

La confianza personal puede ser un criterio legítimo para escoger colaboradores. El problema aparece cuando se vuelve el criterio casi exclusivo y reemplaza la pregunta por el papel que cada persona debe cumplir dentro de una estrategia general. Un gabinete necesita más que lealtades, de hecho mucho más. Requiere complementariedad de capacidades, coordinación entre ministerios, una división reconocible de responsabilidades y una relación funcional entre el presidente y sus equipos. También precisa comités ministeriales que no sean meras reuniones formales, sino mecanismos donde se anticipen tensiones, se resuelvan diferencias y se transmitan prioridades compartidas.

Cuando esa estructura falta, las personas designadas llegan a sus cargos sin una definición suficiente de lo que se espera de ellas ni de los límites de su actuación. Los ministros pueden competir por visibilidad, desarrollar agendas inconexas o interpretar que la cercanía con el presidente los autoriza a hablar en nombre del conjunto. Entonces cada controversia se vuelve una prueba improvisada de jerarquía. Todos buscan al presidente, pero si no hay orden no se puede imputar que hayan encontrado dicha jerarquía. Lo que cualquier observador deduce es: no hay jefe.

“Todos buscan al presidente” como señal de época no supone poder deducir que todos lo necesitan para su tarea. Simplemente puede ser el mecanismo al que recurrir cuando cada actor se siente sin poder suficiente y, por tanto, convoca al líder máximo. Pero si el presidente es convocado a los pocos meses, significa que el poder en todo el gobierno está en problemas. Y es que el presidente debiera ser la última instancia. Y si el presidente se convierte en un árbitro y no en el técnico, entonces no hay solución. Y si el presidente deja jugar, entonces es un árbitro permisivo. Y la autoridad se va rebajando más.

La distancia real entre los partidos de derecha agrava el problema. Las coaliciones no se vuelven orgánicas por compartir adversarios ni por converger durante una campaña. Deben construir acuerdos sobre prioridades, costos y mecanismos de resolución de conflictos. Si las diferencias permanecen ocultas bajo la expectativa de una obediencia espontánea, reaparecen en el ejercicio del poder con más fuerza. El resultado puede ser un gobierno inorgánico: sus componentes actúan juntos en términos administrativos, pero no necesariamente comparten una interpretación de lo que el gobierno quiere hacer ni de cómo debe hacerlo.

La falta de organicidad puede producir mediocridad, pérdida de oportunidades y escasa capacidad para anotarse logros. También puede ocasionar tropiezos reiterados y una percepción de improvisación. Sin embargo, por sí sola no pronostica una crisis. Hay gobiernos desordenados que sobreviven porque conservan una autoridad reconocible. El punto crítico se alcanza cuando el desorden afecta la posibilidad misma de ejercer esa dirección.

La autoridad como demanda social

Para comprender por qué este gobierno podía convertirse en una apuesta atractiva, es necesario mirar el cambio en la demanda política.

Durante años ganó terreno la crítica a las jerarquías rígidas, a los abusos de autoridad y a las decisiones tomadas sin participación. Se buscó una sociedad más horizontal, con mayor presencia territorial y con poder menos concentrado. Esa transformación respondió a experiencias reales de desigualdad y a formas de autoridad que habían perdido legitimidad.

No se trata de descalificarla. Sin embargo, un proceso de democratización puede producir también una tensión: al impugnar la autoridad abusiva, puede debilitarse la capacidad legítima de coordinar, decidir y orientar si no se crean instituciones y liderazgos capaces de reemplazar las formas anteriores. En Chile este proceso tiene un hito: la Convención Constitucional destruyó lo avanzado hacia la distribución y la igualdad. Desde entonces la búsqueda de una respuesta supuso buscar, por cierto, alternativas inversas. Fue así que la añoranza emancipatoria e igualitarista fue reemplazada por la añoranza de autoridad.

Desde una perspectiva sociológica, la autoridad no es simplemente obediencia ni fuerza. Es una relación social que hace posible que una decisión sea reconocida como válida y que las personas puedan anticipar qué conductas se esperan, quién está facultado para decidir y qué ocurre cuando las normas se incumplen. Esa relación se aprende y se reproduce mediante procesos de socialización, educación e interacción institucional. Cuando esos procesos se vuelven inciertos, no basta con aumentar el volumen de las órdenes. La sociedad necesita volver a reconocer las reglas y las fuentes de orientación que organizan la vida común.

La ciudadanía podía valorar la promesa de gobernabilidad y, al mismo tiempo, desconfiar de las formas tradicionales de ejercicio del poder. Esa ambivalencia ayuda a explicar por qué la demanda de autoridad no era un cheque en blanco y por qué era difícil gobernar, cosa que ya se sabía. Pero las campañas son simplificaciones. Ya no son tiempos de prometer “sangre, sudor y lágrimas”. Más bien es época en que se ofrece “salud, descanso y despreocupación”. El gobierno promete hacerse cargo de ese giro.

En específico, Chile no pedía solamente un liderazgo severo ni una retórica de control. Se esperaba una combinación de protección, certeza, oferta y orientación clara. En la dimensión moral, la promesa incluía una respuesta frente a la delincuencia, una defensa de ciertos valores colectivos y una idea de patria. En la dimensión de rendimiento, debía mostrar eficacia ante los problemas que afectan la vida cotidiana y ofrecer una dirección económica comprensible.

Una parte de la izquierda intentó responder a las demandas de participación y horizontalidad, pero no siempre logró traducirlas en formas estables de decisión y coordinación. Al mismo tiempo, la oferta política pareció perseguir una demanda que cambiaba con rapidez, sin innovar ni consolidar una orientación. La política se volvió reactiva: registraba el movimiento de la opinión, pero tenía dificultades para interpretarlo y proponer un horizonte. En ese escenario, el sistema podía parecer una ameba, adaptándose a las presiones inmediatas sin producir una forma propia.

Kast tuvo la virtud política de leer que una ola histórica no se desplaza indefinidamente en una sola dirección. Si la ciudadanía percibe que la horizontalidad no ha producido capacidad de decisión, puede aparecer una demanda de conducción. El candidato que se atrevió a hablar de autoridad ocupó un lugar singular en la cancha, incluso antes de demostrar que podía ejercerla. Y allí nació su triunfo. Y nació una exigencia.

La autoridad se prueba en las decisiones

Esa promesa hizo posible que se atribuyera al presidente un potencial autoritario. En la etapa inicial, esa crítica desde la izquierda pudo incluso reforzar la imagen de que Kast sí encarnaba autoridad. Es decir, irónicamente pudo convenirle ser tildado de autoritario. Y es que, si sus adversarios temían un ejercicio excesivo del poder, algunos electores podían deducir que al menos existía una voluntad de mando. Pero esa imagen solo podía sostenerse mientras no fuera contrastada con el desempeño, es decir, el día en que asumió debía saber que venía el tiempo de la demostración.

Un presidente que apuesta por la autoridad está obligado a ser fuerte en un sentido preciso. No significa imponerse en cada disputa ni evitar toda deliberación. Significa impedir que los conflictos decisivos queden sin conducción, que los equipos contradigan el propósito común sin consecuencias y que los problemas que ponen en riesgo a la sociedad se conviertan en oportunidades para que otros definan la agenda. La fuerza de un liderazgo se mide por su capacidad de establecer prioridades y sostenerlas, de corregir a sus colaboradores y de aceptar el costo de una decisión.

En la autoridad hay un componente moral y otro de rendimiento. El componente moral consiste en mostrar qué principios son intransables, qué conductas se consideran aceptables y a quién protege el poder público. El componente de rendimiento consiste en demostrar que las instituciones pueden actuar, resolver y cumplir. La promesa de Kast combinó ambos planos: ley y seguridad, moral pública y patria, además de economía y gobernabilidad. Si esos contenidos se invocan con fuerza, pero las decisiones concretas parecen apartarse de ellos, la retórica comienza a volverse contra el gobierno.

La autoridad también requiere una relación clara entre quien decide y quien ejecuta. Si la ciudadanía comienza a creer que el presidente no conduce realmente y que otro integrante del gabinete ocupa el centro de las decisiones, se produce una fractura simbólica.

La percepción de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sería quien gobierna —una imagen reforzada por su caracterización en el mundo empresarial como una figura particularmente dura y sin contrapeso— no es solo una disputa de popularidad. Y es que esa imputación del poderío del ministro produce la pregunta incómoda: ¿quién responde por la orientación del gobierno y quién tiene la última palabra? La existencia de la pregunta, por lo demás, es suficientemente corrosiva.

Los episodios que ponen a prueba la promesa

Los conflictos con Argentina, la imagen de debilidad frente a Javier Milei, las controversias asociadas a las AFP y la crisis por las rebajas de condenas deben leerse como episodios distintos, pero también como pruebas acumulativas de conducción.

En la relación con Argentina, la pregunta política no es si un mandatario debe confrontar siempre a su par ni si la firmeza equivale a la escalada. La pregunta es si el gobierno logra transmitir una estrategia y defender los intereses que dice representar.

Una respuesta prudente puede ser expresión de autoridad si se entiende su propósito y si está respaldada por una evaluación clara. Pero, cuando falta esa explicación, la prudencia puede ser leída como vacilación y la moderación como subordinación. El problema reside menos en el tono aislado que en la ausencia de un criterio que vuelva inteligible la conducta presidencial.

En el caso de las AFP, la percepción de una protección a esas instituciones tensiona la promesa de representar el interés general. Esa percepción puede surgir aunque el gobierno sostenga que sus decisiones responden a razones técnicas.

Por eso, la conducción requiere hacer explícitos los criterios: qué problema se está resolviendo, qué grupos soportan los costos, qué intereses se consideran y por qué la solución escogida es consistente con los compromisos políticos. Si esa explicación no existe o no resulta creíble, el silencio deja espacio para que la ciudadanía interprete la acción como defensa de actores particulares.

La crisis por las rebajas de condenas concentra la dificultad de manera especialmente visible porque conecta seguridad, justicia, moral pública y autoridad. La defensa firme de un ministro cuya continuidad se vuelve insostenible puede proyectar una señal de lealtad personal, pero también puede sugerir que el presidente no identifica el momento en que la defensa comienza a dañar la credibilidad del gobierno.

La lealtad es un valor en los equipos; no puede convertirse en una obligación de sostener indefinidamente a un colaborador cuando el costo institucional de hacerlo supera el beneficio de protegerlo. Si el subsecretario indica que la doctrina era del ministro y éste señala que la doctrina es de la Corte Suprema y esta dice que no tiene doctrina, entonces el problema necesariamente se depositará en el protagonista político porque es a quien le corresponde el aterrizaje de todo problema, es su trabajo.

Y el ministro Rabat considera que no hay razón para salir y el presidente lo acepta. Pero el subsecretario es despedido de inmediato, por torpe y desleal. Y se entiende. Pero Rabat fue torpe antes y fue desleal con el mensaje fundamental del gobierno: no hay beneficios para los reos, el trato a los delincuentes debe ser severo y la moral debe acompañar la conducta de las autoridades permanentemente. Rabat, por torpeza o doctrina, rompió el pacto moral con su electorado. Y para el presidente eso es perdonable. Pero no es perdonable lavarse las manos. Silva no estaba siendo Judas, solo era Pilatos.

Todo esto se traduce en que sea imposible entender cuál es el corazón político y moral del gobierno. Y por tanto se desdibujan los parámetros que sostienen legítimamente el principio de autoridad.

El Presidente Kast no ha tenido una crisis de quiebre. Todas sus crisis han sido del tipo corrosivo. El presidente Boric se tuvo que dar por notificado de que su gobierno ya era pasado el 4 de septiembre de 2022, es decir, a menos de seis meses de haber comenzado. El presidente Kast ha vivido el mismo proceso, pero como no tiene un hito que proclame esta verdad desagradable, habida cuenta de la ausencia de una Casandra, entonces simplemente sigue creyendo que todavía es administrable la corosión sin un giro. Y no es cierto. Si sigue así un día ocurrirá la crisis con quiebre que notifique la magnitud del problema, pero quizás ya ocurra con una aprobación tan exigua que supondría una incapacidad constante y un gobierno de escaparate.

Del desorden a la erosión de legitimidad

La conducta errática produce un efecto social porque vuelve difícil anticipar la conducta del gobierno. Las personas y las organizaciones necesitan saber qué reglas se aplicarán, qué compromisos se mantendrán y cómo se resolverán las controversias. Si una semana se enfatiza un principio y a la siguiente se protege una decisión que parece contradecirlo, la ciudadanía deja de interpretar los mensajes como orientaciones confiables. Puede seguir existiendo poder formal, pero disminuye la capacidad de convertirlo en expectativas compartidas.

Las instituciones enseñan no solo mediante discursos, sino por la consistencia entre regla y conducta. Un gobierno que proclama autoridad y luego parece tolerar la dispersión de sus equipos, la indefinición de responsabilidades o la demora ante decisiones inevitables transmite una enseñanza práctica distinta de la que declara. La sociedad aprende que los principios pueden negociarse según la conveniencia del momento y que la autoridad depende más de la puesta en escena que de la capacidad de conducir.

Por eso, el daño puede extenderse más allá de la popularidad presidencial. Cuando la oferta política pierde credibilidad, las personas no encuentran fácilmente una alternativa institucional a su malestar. Si los partidos parecen perseguir la demanda en lugar de formular propuestas, y si el gobierno no consigue convertir su mandato en una dirección reconocible, el vínculo entre representación y ciudadanía se vuelve más frágil. La consecuencia puede ser apatía, cinismo o la búsqueda de respuestas por fuera de los canales que el propio sistema ofrece. No se trata de anunciar mecánicamente una crisis social, sino de reconocer que la falta de orientación acumula condiciones para ella.

El gobierno de Kast todavía puede corregir su curso, pero la corrección no puede reducirse a una reorganización de imagen. Necesita construir una arquitectura de gobierno capaz de procesar las diferencias de coalición, precisar los roles ministeriales y hacer que los comités funcionen como espacios reales de decisión. Debe delimitar quién habla por el gobierno y quién responde por cada área. Debe revisar las designaciones desde las exigencias del cargo, no desde la confianza personal considerada de manera aislada. Y debe establecer criterios públicos para enfrentar los conflictos que afectan sus compromisos centrales.

Sobre todo, necesita demostrar que la autoridad no significa rigidez, sino capacidad de juicio. Un liderazgo con autoridad sabe distinguir entre una disputa que conviene desescalar y una responsabilidad que no puede postergarse.
La promesa de Kast se apoyó en una lectura plausible del momento: la sociedad no solo reclamaba más participación; también buscaba protección, certeza y orientación. Esa lectura le dio una posición singular. Pero la virtud de haber leído la ola no basta para gobernar la corriente que la produce.

El problema que enfrenta el gobierno es que los episodios conocidos convergen en una misma pregunta: ¿quién dirige, con qué criterio y en nombre de qué bienes colectivos? Si el gobierno no consigue responderla con actos consistentes, la autoridad dejará de ser su principal recurso y se convertirá en la medida de su fracaso. La crisis no nace simplemente del desorden. Nace cuando el desorden demuestra que el poder no puede cumplir la función que prometió.

El presidente Kast se enfrenta ante el desafío de solidificar su gobierno. Es crucial, pues en estas últimas semanas el gobierno ha sido de arena. Y en esas condiciones la luz de la autoridad pasa a ser reemplazada por las sombras de la autoridad perdida.