El ministro de Justicia, Fernando Rabat, podría ser llamado a declarar en la investigación por las rebajas de condena que mantiene abierta la Fiscalía. Así lo señaló este martes el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien precisó que la decisión corresponde al persecutor a cargo. Además, aclaró que el Ministerio Público investiga posibles delitos, no errores políticos.
La causa suma un frente penal a la crisis que enfrenta el Gobierno. Rabat sigue en el cargo por decisión del presidente José Antonio Kast, pese a las solicitudes de renuncia desde la oposición y parte del oficialismo. Además, tiene calidad de imputado en la investigación.
Una eventual declaración de Rabat ante Fiscalía
La investigación se abrió a partir de una denuncia de los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) contra Rabat y el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva, por una eventual prevaricación administrativa. Los antecedentes fueron derivados a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.
Consultado por la posibilidad de que el ministro entregue su versión, Valencia señaló que “normalmente en casos como este, ese tipo de diligencias se dispone”. Sin embargo, no anunció una citación ni una fecha.
“El fiscal determinará si es procedente o no invitarlo a declarar. Entiendo que el ministro declaró que tenía toda su disposición de declarar para esclarecer los hechos”, agregó en la entrevista radial.
El fiscal nacional también recordó que “todos los imputados tienen derecho a guardar silencio”.
Delitos, no errores políticos
Valencia distinguió los cuestionamientos a la gestión del ministro de las responsabilidades que debe esclarecer Fiscalía.
“La fiscalía no investiga errores políticos”, afirmó. “Nosotros no somos el ministerio de la rectitud, las buenas costumbres y la virtud”.
En esa línea, explicó que el rechazo que provoque una decisión no basta para establecer que exista un delito.
“Puede haber cosas muy feas, que a la gente le desagraden profundamente, pero si no son delitos, escapan de nuestras atribuciones”, sostuvo.
“Algo puede ser ilegal y no ser delito”, añadió.
Sus declaraciones no descartan ni establecen una eventual responsabilidad de Rabat. Según explicó, primero corresponde esclarecer los hechos y luego determinar si tienen relevancia penal.
La hipótesis de prevaricación
Valencia también describió la hipótesis que podrían estar planteando los denunciantes: que una autoridad haya dictado una resolución manifiestamente contraria a derecho, sabiendo que actuaba de esa manera.
“Eso podría ser prevaricación”, señaló, sin afirmar que ese delito esté acreditado en el caso del ministro.
La investigación avanza en paralelo a la acusación constitucional que prepara la oposición por las rebajas concedidas a condenados por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad. Mientras en el Congreso se discuten las responsabilidades de Rabat, Fiscalía deberá determinar si sus actuaciones también constituyen delito.
Eliminé repeticiones y reuní la explicación de prevaricación en el cierre. La cuña “Algo puede ser ilegal y no ser delito” no figuraba en el extracto anterior: mantenla solo si la corroboraste en el audio.
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