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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Comunidades mapuches en San José de Mariquina, Los Ríos, rechazaron la consulta indígena para un nuevo sistema de tierras, siguiendo a otras comunas como La Unión, Futrono, Panguipulli y Coñaripe.

En San José de Mariquina, región de Los Ríos, comunidades mapuches rechazaron la consulta indígena para un nuevo sistema de tierras, sumándose a otras comunas que también han dado la espalda a la propuesta emanada de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.

Sin la aprobación de comunidades quedó la propuesta para agilizar la compra de tierras al mundo indígena a través de una metodología propuesta por la Comisión, desmarcándose de la etapa de planificación del proceso, así como ocurrió en La Unión, Futrono, Panguipulli y Coñaripe.

Distinto ha sido el caso en Paillaco y Lanco, en donde se realizó la primera reunión y se planifica una segunda.

El delegado Presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, como vocero del proceso consultivo, señaló que todos los casos han sido distintos, de muy buena forma a su juicio y de acuerdo lo que establece la consulta indígena.

Además, Alvial señaló que lo que queda es continuar con las reuniones en Paillaco y Lanco.

Asimismo, con las que decidieron no ser parte del proceso, se realizará un diálogo extra consulta indígena a través de la Comisión de Seguimiento, según aseveró.

Esto último, para ver si se retoma o no la instancia con las comunidades que manifestaron su rechazo en esta etapa de planificación, ya que el proceso completo culmina en marzo de 2026.

De rechazarse en el país la propuesta del nuevo sistema de tierras, todo lo realizado e invertido en recursos quedará hasta ahí, ya que la Consulta Indígena es una respuesta institucional a una petición del pueblo indígena, y no una imposición, según ya había indicado hace dos semanas el encargado nacional de la Unidad de Seguimiento de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, Fabián Salas.

De aprobarse, este nuevo sistema podría ser un estatuto especial, un anexo o un título dentro de la Ley Indígena, dependiendo de cómo sea ingresado el proyecto de ley al Congreso Nacional.