A menos de un mes del traspaso presidencial, la ministra Antonia Orellana hace un balance de la gestión y aborda debates de contingencia como el proyecto de Sala Cuna, que ha tensionado —aún más— la relación del gobierno con la UDI. El caso Monsalve sin duda está entre la reflexión de lo que golpeó a la administración Boric. Más que un freno institucional en el funcionamiento, Orellana señala que fue un episodio que le impactó en lo personal y en su exposición pública. Respecto a la designación de Judith Marín (PSC), que ha generado controversia en la futura oposición, evita referirse a sus posturas, destacando los encuentros bilaterales. Sobre el sello que dejará el actual Ejecutivo, la secretaria de Estado resalta la ley de responsabilidad parental, el avance del aparato estatal frente a la violencia de género y la reciente promulgación de Chile Cuida.

Queda menos de un mes para el cambio de mando y, en ese contexto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se toma un tiempo para abordar el legado que dejarán, reflexiones en torno a situaciones que han marcado la administración Boric, y temas de contingencia como el proyecto de Sala Cuna que ha generado tensiones entre el gobierno y la oposición, específicamente la UDI.

El caso del exsubsecretario Manuel Monsalve sin duda fue algo que golpeó a un gobierno que se declara feminista. Bien lo sabe Orellana, quien en conversación con este medio reflexiona al respecto. Más que algo institucional que paralizó el funcionamiento, dice, fue una crisis que le impactó personalmente y a su imagen pública. Esto, destacando que, pese a lo convulso de la situación, la atención y expansión de servicios como el SernamEG continuó.

Si bien el nombramiento de su sucesora ha sido controversial, generando distintos tipos de reacciones en lo que será la futura oposición, la secretaria de Estado prefiere no comentar las convicciones de Judith Marín (Partido Social Cristiano) y resalta las reuniones bilaterales en el marco del proceso de traspaso.

En cuanto al legado que quedará de este gobierno, la autoridad destaca avances vinculados a la ley de responsabilidad parental, el fortalecimiento en el rol de la institucionalidad respecto a la atención en la violencia contra las mujeres, y también la recién promulgada ley Chile Cuida.

Ministra Orellana, el legado que queda y el próximo gobierno

En el contexto de los más de mil avances del gobierno, ¿cuál cree que es el legado del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género bajo su administración?

En primer lugar, conseguimos un avance que es muy importante, pero que también se proyecta en el cambio cultural hacia el futuro, que es lo que tiene que ver con la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos. Es decir, no solamente la propuesta que hicimos de mecanismo de cobro ha sido efectiva en el sentido de que se han logrado órdenes de pago por 3 billones de pesos, sino que también el conjunto de medidas, que eso incluye la implementación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que ha permitido ir generando un cambio en el que “papito corazón” deja de ser una palabra chistosita, parte de la idiosincrasia del chileno, y pasa a ser una cuestión indeseable porque es un abandono parental. Creo que es un cambio profundo que todavía tiene que asentarse, pero ciertamente es muy significativo.

En segundo lugar, el rol de la institucionalidad en cuanto a la atención en la violencia contra las mujeres. Partimos el año 2022 recibiendo una auditoría muy crítica de la Contraloría General de la República (CGR) respecto al rol del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) durante la pandemia. Y como buena auditoría, en eso hay que hacerse cargo de puntos de mejora. Nosotras aprovechamos esto para reimpulsar la ley integral contra la violencia hacia las mujeres (…) y aprovechar de dejar no solamente principios declarativos de cómo debe funcionar el sistema, sino hacernos cargo de algo que es una deuda histórica en el SernamEG, que es la modernización de la gestión. Mientras todo el Estado avanzaba hacia la interoperabilidad, el SernamEG seguía trabajando muchas veces con registros en papel y eso genera, por supuesto, pérdida de información, preguntarle muchas veces a las mujeres y, sobre todo, mucha frustración respecto a que la institución esté a la altura de lo que significa denunciar.

En tercer lugar, creo que la ley que promulgamos esta semana, la ley Chile Cuida, es un cambio importante, en donde por primera vez las personas cuidadoras son consideradas como un eje de la política pública. Y ese trabajo no remunerado que se hace por más de 1 millón de personas en nuestro país, pero un 85% mujeres, no solamente se hace visible, no es algo simbólico, sino que encuentra por primera vez una institucionalidad a la que acogerse, una ampliación de los servicios que las apoyan, como el haber pasado desde el 2022 de 90 comunas con la red local de apoyo y cuidado (…) a 215 comunas para este año, y en la ley vienen los recursos para ampliarlo a todas las comunas del país. Yo creo que eso es un cambio significativo porque la desigualdad está en las tareas domésticas y de cuidado, pero también en el origen más básico de la mayoría de las desigualdades que afectan a las mujeres en el terreno laboral.

¿Cree que estos cambios van a continuar en el próximo gobierno? En la reunión bilateral, ¿se comprometió Judith Marín a seguir con algún programa en específico?

Ahí distinguiría lo que son orientaciones, que son propias de cada gestión, y cuestiones que son materia de ley que si se quieren modificar deben pasar por el Congreso. La ley integral no es optativa, es una ley de la República que establece una meta —al 2029— de integración de todas las instituciones que intervienen en la violencia para tener una respuesta oportuna y satisfactoria para las mujeres que la viven. La ley Chile Cuida no es una opción y, por lo tanto, sus transitorios deben aplicarse, sus reglamentos deben dictarse. Esos recursos que vienen asignados por ley para que lleguen a las personas —a través de la red local de apoyos y cuidados— deben ejecutarse. Esas cuestiones no son optativas y esa es la continuidad de los servicios del Estado.

El ministerio es de la Mujer y Equidad de Género, ¿pero la futura ministra cree en la equidad de género? ¿Considera que hay riesgos de retroceso en cuanto a mujeres, minorías y diversidades sexuales?

A mí no me corresponde calificar las convicciones de mi sucesora. Nosotras ahora estamos centradas en poder hacer un buen proceso de traspaso, en el que ya tuvimos una primera reunión bilateral. Pronto se reunirá la subsecretaria actual, Claudia Donaire; con la futura, Daniela Castro; y por lo tanto, no es mi papel opinar respecto a sus convicciones, sino asegurar un traspaso que tenga como centro el principio fundamental del servicio público, que es su continuidad.

En campaña se habló de una eventual fusión del ministerio, e incluso su eliminación. Finalmente, Kast nombró a alguien que, si bien genera aprehensiones, asumirá en marzo. ¿Cree que con eso se disipan algunos fantasmas al respecto? ¿Cómo ve esa situación?

El Ministerio de la Mujer no es un capricho, es una ley orgánica constitucional que fue discutida por 3 años durante el mandato de la expresidenta Michelle Bachelet y que tiene presupuesto asignado.

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Las cosas no son así de arbitrarias en el servicio público; no es como que si no me gusta, puedo no aplicarlo
- Ministra Antonia Orellana

A mí no me gusta la ley de sociedad conyugal actual porque discrimina a las mujeres casadas, pero eso no quiere decir que yo pueda hacer algo para que no se ejecute porque mi convicción personal está por encima de la ley. Por lo tanto, yo entiendo que hay mucha preocupación a propósito de la experiencia reciente en otros países, pero nuestro país tiene a veces la virtud, a veces el problema, pero ciertamente la característica de que es muy legalista y, en ese sentido, a diferencia de otras instituciones en otros países, el Ministerio de la Mujer fue creado por ley y no por decreto. Si se quiere hacer una modificación al respecto, es por ley, debe pasar por el Congreso y someterse a una discusión democrática.

Si bien es una atribución de la próxima administración, con base en su experiencia, ¿sería un error quitar al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género del comité político?

La verdad es que el comité político no es una figura formal, no existe en ninguna parte del estatuto administrativo. Cada gobierno define quién está ahí. En nuestro caso, la inclusión en el comité político fue también un reconocimiento del presidente Gabriel Boric al gran empuje que tuvieron las mujeres en su elección y el proceso de movilizaciones que venía ya desde el año 2017, que empezó con Ni Una Menos.

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Yo no puedo hablar del futuro comité político, sí puedo decir que la presencia del ministerio en el comité político nos dio oportunidades clave
- Ministra Antonia Orellana

Ha dicho que no quiere pronunciarse respecto a las decisiones de la próxima administración, pero en cuanto al retorno del rol de primera dama, ¿cree que es positivo? ¿Ayuda a visibilizar el rol de la mujer o va más bien en contra del ideal de lo que debería ser?

La primera dama es una figura que no existe dentro del organigrama del Estado y lo que siempre dijimos es que si alguien quería volver a cumplir ese rol, iba a tener esa posibilidad precisamente por lo mismo. La modificación que hicimos y que de hecho no inició con esta administración, es que una misma persona no tuviera a cargo instituciones tan diversas como Integra, como Prodemu, como Artesanías de Chile, como la Foji; en particular Integra, porque es una de las instituciones más grandes del país y cumple un rol crítico respecto al cuidado de los niños y niñas.

Con el correr de los años, ¿fue un error lo que se hizo con el Gabinete Irina Karamanos?

Entiendo que fue un decreto administrativo que fue rebocado y, por lo tanto, la respuesta está ahí mismo.

Proyecto de Sala Cuna y tensión con la UDI

En cuanto a la discusión por Sala Cuna, la postura del gobierno ha sido clara, especialmente contra la UDI. ¿Cuál es el mensaje que se envía en este caso?

Creo que hay un punto muy relevante. Es falso que en 48 meses no haya pasado nada, pasamos de tener un proyecto que no tenía puntos de encuentro entre las trabajadoras del sector parvulario y el Congreso, a tener un proyecto que tiene un apoyo que es muy transversal. Eso se nota, no es lo que pueda decir el oficialismo, sino, por ejemplo, en que lo han respaldado figuras que no son parte del gobierno ni de los partidos políticos y más bien son cercanas al empresariado, como la expresidenta de Icare, Karen Thal. En segundo lugar, yo creo que, pese a que esas dudas habían sido superadas durante las sesiones de la comisión de Trabajo y Educación, a propósito del informe financiero, si hay dudas al respecto, discutámoslas. No hay ningún problema en aquello, pero también aprovechemos febrero para eso. Y eso no quiere decir que vayamos a legislar a matacaballo, sino que precisamente aprovechemos el espacio que da este mes para poder producir un encuentro que nos lleve a tener una ley que modifique algo que se está tratando de modificar desde 1997 y que es fundamental para la empleabilidad de las mujeres.

Cuando habla de avances, ¿se refiere a la ley de modernización parvularia?

La ley de modernización parvularia, y esto se olvida, cuando anunciamos la agenda de Sala Cuna para Chile, esta tenía dos proyectos de ley. Uno, el actual en discusión, la reforma del artículo 203 del Código del Trabajo, y otro que es iniciativa de este gobierno. Es la primera ley que se promulga en más de 10 años sobre la educación parvularia y su modernización. Es un paso habilitante para la discusión de Sala Cuna porque, si se recuerda, en 2018 una de las grandes críticas al proyecto del expresidente Sebastián Piñera era que no mencionaba el impacto que esto podía tener en el sistema de educación parvularia.

Críticas, responsabilidades políticas y reflexión del caso Monsalve

Se ha cuestionado que recién ahora se le está poniendo urgencia a la iniciativa. ¿Descarta que, al inicio del gobierno, la agenda legislativa estuvo a la espera del resultado del plebiscito del 2022? Ha sido uno de los argumentos desde la oposición.

Creo que han ido cambiando de argumentos todos los días asi que no me voy a dedicar a responder uno por uno. La agenda legislativa del gobierno quedó clara desde el primer momento y la prioridad era la reforma de pensiones. Quizás si se hubiera trabado menos la reforma previsional, habría habido más tiempo en la comisión de Trabajo porque era el siguiente proyecto grande a discutir del Ejecutivo, además de los propios que tienen los parlamentarios, que también son importantes. Pero, en ese sentido, creo que la propia promulgación y trámite —que la UDI votó a favor— de la ley de modernización parvularia muestra que se ha recorrido un camino y creo que es momento de reconocerlo, sentarse a mirar las diferencias y resolverlas. No por uno u otro gobierno, sino porque esta es una situación que urge resolver.

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Han ido cambiando de argumentos todos los días
- Ministra Antonia Orellana por postura de la oposición en medio de debate por proyecto de Sala Cuna

¿Cree que aquí se busca el gallito político?

Yo la verdad no soy de atribuir intenciones. Con el senador (Gustavo) Sanhueza (UDI) siempre tuvimos un excelente trabajo porque fue el primer senador varón en presidir la comisión de Mujer. Creo que en este momento estamos discutiendo cosas que no le interesan a la ciudadanía: ¿Quién citó, quién no citó, quién presentó la urgencia? Cuando en verdad lo que deberíamos estar haciendo es identificar las diferencias, resolvámoslas.

Ha habido muchas críticas a la futura ministra Natalia Duco, por el doping positivo y también la Beca Proddar. Si bien no es su área, desde afuera, ¿cree que los cuestionamientos hubiesen sido igual en caso de ser algún hombre? Las críticas a, por ejemplo, el futuro ministro Jorge Quiroz, no han sido del mismo tono.

Yo he visto un tono bastante agudo contra el ministro Quiroz, pero creo que hay un tema muy importante a despejar. Lo que buscamos las feministas no es que no se nos critique a las mujeres, sino que se nos critique por nuestros méritos, por nuestro actuar y no por el hecho de ser mujeres. Y en ese sentido, yo creo que hay críticas que se están expresando que tienen que ver con una trayectoria, no con el hecho de ser mujer.

¿En el caso de Natalia Duco o en general?

En general.

En retrospectiva, ¿cree que a las mujeres de este gobierno les tocó asumir responsabilidades políticas más que a los hombres? Está el caso de las exministras Izkia Siches y María Begoña Yarza, por ejemplo. Salieron a los 6 meses de administración.

Creo que también hubo una apuesta de poner a muchas mujeres por parte del Presidente y, por supuesto, eso amplía el rango de responsabilidad. La paridad no busca que a las mujeres no se nos pueda criticar ni remover, sino que haya igualdad de oportunidades.

¿Fue el caso Monsalve la peor crisis que le tocó vivir en el ministerio? A modo de reflexión, ¿qué se aprendió al respecto?

En mi percepción, que es bien desde el servicio público, una crisis es algo que paraliza la atención y el funcionamiento. Esta fue más bien una crisis que me impactó a mí, de manera personal, a mi imagen pública, pero jamás impactó en que mantuviéramos el ritmo de atención y de expansión e inauguración en centros del SernamEG. En primer lugar, yo creo que introduce una reflexión que es importante: por un lado, que hemos avanzado mucho, porque yo creo que nadie puede afirmar que antes no hubieran existido casos de violencia de género dentro de la política, pero hoy sí hay cuestiones que son denunciables. Y, en segundo lugar, que las respuestas tienen que considerar el debido proceso para todos y el debido proceso para las víctimas también es relevante. Ahí yo voy a mantener mi posición de que, sin ser una declaratoria de culpabilidad, que eso lo verá la justicia y está siendo procesado, no puede mantenerse al mando alguien que va a tener que ser investigado por una brigada —que es la de delitos sexuales— que depende de él mismo.

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Fue más bien una crisis que me impactó a mí, de manera personal, a mi imagen pública,
- Ministra Antonia Orellana por caso Monsalve