Alrededor de 1.200 personas, de ellas 800 en forma directa, quedaron sin una fuente de ingresos a causa de la crisis económica de la empresa constructora CIAL, que obligó a paralizar al menos 6 obras que ejecutaba en la región de La Araucanía.

En el recinto se desarrolló una reunión que se extendió por más de dos horas, en la que el gerente y propietario de la empresa, Alejandro Becker, les informó que no puede seguir con las obras por no contar con recursos frescos, que incluso le han impedido pagar los sueldos de mayo a sus trabajadores, quienes visiblemente afectados salieron del recinto para estampar la denuncia en la Inspección del Trabajo.

El secretario Ministerial de Obras Públicas en La Araucanía, Henry Leal, cuya cartera es mandante en cuatro obras que la empresa CIAL desarrollaba en la región, precisó que formalmente no han sido notificados de la quiebra de la constructora, aunque tienen antecedentes que existe una petición en tal sentido en un tribunal, al tiempo que aclaró que a nivel regional no tienen deudas con la empresa.

Siguiendo en esa línea, el Seremi acotó que en la obra del sector Tranapuente de la carretera de la Costa -y que estaba en ejecución- existe una deuda del Ministerio de Obras Públicas a nivel central, agregando que si bien la empresa debe pagar a sus trabajadores, ellos como codeudores solidarios asumirán su rol, pero solo respecto de 220 trabajadores que estaban en obras contratadas por la Seremi en La Araucanía.

El consejero regional, Daniel Sandoval, quien llegó al recinto en donde se desarrolló la reunión del empresario con los trabajadores, precisó que en el CORE de este miércoles pedirá se contrasten los antecedentes que esgrime el propietario de la constructora con los que tiene el Fisco.

Con la finalidad de salvaguardar a los trabajadores finiquitados, se constituyó en la empresa el secretario Ministerial del Trabajo, Patricio Sáenz, quien dialogó con el empresario y junto a personal de la Dirección Regional e Inspección Provincial Cautín, recabaron los antecedentes del proceso de desvinculación.

Además, la empresa debe entregar la carta despido y los finiquitos de 800 trabajadores, que serán revisados por ellos y visados por la autoridad ministerial del Trabajo.

Con Alejandro Becker no fue posible dialogar pese a su compromiso previo antes de iniciar la reunión, siendo sacado del recinto en una camioneta, sin acceder a las consultas de los medios de comunicación.