Un equipo de profesionales contratado por el municipio detectó 95 boletas de servicios fantasmas en el área de la educación, por lo que se perseguirá judicialmente la responsabilidad de quienes dirigieron la Corporación durante los últimos años.
La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, informó ayer que ampliaron la querella criminal interpuesta por los hechos irregulares ocurridos de manera sistemática en la Corporación Gabriel González Videla, luego de detectarse irregularidades en el área de la educación municipal.
Esta vez la acción legal se amplió al exalcalde Robertto Jacob, quien era el presidente del directorio de dicha corporación; a Patricio Bacho, exsecretario general; Ernesto Velasco, exsecretario general; jorge Díaz, exsecretario general y Sandra Castro, exdirtectora de educación.
De acuerdo a lo sostenido por Daniela Norambuena, profesionales contratados por el municipio que hicieron un minucioso registro solo del año 2023 detectaron a lo menos 95 personas registradas con boletas de servicios y que no fueron reconocidas por los directores de establecimientos de educación como prestadores de servicio (funcionarios fantasmas), detectándose un perjuicio de mil millones de pesos solo en ese año.
Nueva querella por administración desleal
La edil dijo que el trabajo de estos profesionales, encabezados por el exfiscal Adrían Vega, “nos ha permitido tener la evidencia concreta para poder presentar las querellas en donde hay una línea de trabajo en materia legal y en ese sentido lo hemos estado estableciendo durante estos primeros meses”.
En esa línea, indicó que lo anterior les permitió presentar una nueva querella “con respecto también a la administración desleal y eso ya va implicado con responsabilidades que van de la mano con las personas que estuvieron a cargo y que no supervigilaron esta situación, y que permitieron este tipo de delitos que ya están configurados y que están ratificados ante el Ministerio Público”.
Más adelante, Norambuena señaló que quienes deberían estar en ese momento ahí, eran los responsables de lo ocurrido, “deberían estar dando las disculpas públicas a todas estas personas que lamentablemente se sienten también sin la calidad del servicio correspondiente“.
En el mismo tenor, la alcaldesa precisó que “nosotros hoy día estamos para darle cara a la ciudadanía, para limpiar y para buscar a todos los responsables que hoy día provocaron la debacle de esta corporación. El modus operandi era exactamente el mismo que ocurría en el departamento del área de la salud”.
Delitos querellados
Por otra parte, el abogado, Adrián Vega, que representa al municipio en las acciones legales interpuestas, precisó que hasta ahora las querellas dicen relación con tres delitos fundamentales.
“La malversación por aplicación pública diferente, esto es que dineros que pertenecían a educación y solo se podía gastar en educación saltaban a otras cuentas, salud y administración central”, sostuvo.
Agregó que “lo segundo, es fraude al Fisco porque se rescataron dos ámbitos de defraudación que es asistencias técnicas de tipo educacional que no tienen justificación y respaldo, que hoy en día y con el análisis de solo un año para una empresa, hay más de 360 millones de pesos objetados por la superintendencia”.
Finalmente, detalló que “funcionarios que aparecen siendo pagados por horas de honorarios para distintos servicios en los colegios, en los cuales los directores nos han señalado a los equipos y de control interno que no conocen a esas personas, lo que da un cúmulo de dinero al menos para el año 2023 de que se pagó sin contenido ni contraprestación”.
En definitiva, en la actualidad, la deuda de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, asciende a más de 83 mil millones de pesos hasta el mes de septiembre pasado, lo que podría variar.
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