Red de corrupción judicial en Arica: CDE se querella contra juez y profesionales por loteo irregular

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso este viernes una querella criminal mediante su Procuraduría Fiscal en Arica contra el juez Gonzalo Quiroz, del Segundo Juzgado de Letras de dicha comuna. La acción judicial también se dirige contra quienes resulten responsables por su participación como autor de los delitos de prevaricación, cohecho y falsificación de instrumento público.

El libelo presentado ante el Juzgado de Garantía de la ciudad incluye además al receptor judicial Luis Bardi y al cartógrafo Carlos Falcon. A ambos profesionales se les imputa la comisión de los delitos de soborno y presentación de prueba falsa en juicio.

La investigación a cargo del Ministerio Público indica que los imputados se habrían coordinado con el magistrado para obtener una resolución judicial favorable. Dicha resolución buscaba permitir la inscripción irregular de un plano de subdivisión de un predio agrícola ubicado en el Valle de Lluta.

El terreno en cuestión pertenece a la Cooperativa Agrícola Valles Hermosos Limitada. La inscripción del plano había sido rechazada previamente por el Conservador de Bienes Raíces y por el Servicio Agrícola y Ganadero debido al incumplimiento de los requisitos legales establecidos.

Irregularidades en tramitación de predio

De acuerdo con los antecedentes, la solicitud de inscripción de la subdivisión del terreno agrícola había sufrido reveses previos en la sede judicial local. El propio juez imputado rechazó esta solicitud en dos oportunidades anteriores a los hechos querellados.

Desde el organismo estatal señalaron que la situación reviste evidente gravedad toda vez que a través del pago de una cantidad de dinero se logró la dictación de una resolución judicial que permitió la inscripción irregular en el Conservador de Bienes Raíces.

El CDE complementó que la actuación del tribunal resultaba claramente improcedente al existir un loteo irregular que contraviene la Ley General de Urbanismo, el que la inspección personal realizada por el juez, omitió.

Los antecedentes analizados por la entidad querellante dan cuenta de las coordinaciones previas entre las partes involucradas. La institución estatal determinó que existió un acuerdo motivado por el soborno existente, entre el perito y el solicitante con el juez de la causa para lograr el referido resultado judicial.

Coordinación entre imputados para resolución favorable

Según lo expuesto por el CDE, el proceso irregular incluyó la alteración de elementos probatorios en la causa tramitada en el juzgado de letras. Los implicados lograron su cometido aportando prueba falsa en juicio, falsificándose, además, la inspección personal realizada.

La resolución conseguida mediante el ilícito permitió sortear las negativas impuestas por las autoridades administrativas y registrales. Las normativas vigentes prohibían la inscripción solicitada por contravenir la legislación de urbanismo.

Así las cosas, la investigación del Ministerio Público sigue su curso para esclarecer la totalidad de los hechos y la responsabilidad de cada querellado.