Octubre aún no termina

Han pasado siete años desde el 18/O y todavía no hemos logrado construir un consenso elemental sobre lo ocurrido. No se trata de negar los malestares que entonces existían ni el derecho a protestar contra ellos. Pero la cuestión de fondo antecede a cualquier diferencia ideológica. Y es que ninguna causa, por legítima que se considere, autoriza la violencia como instrumento de acción política.

Parecería una obviedad. Sin embargo, octubre demostró que no lo era. Incendios, saqueos, destrucción y agresiones fueron relativizados por una parte de la izquierda como expresiones que había que comprender antes que condenar. Bajo una retórica furibunda, la violencia dejó de ser un límite infranqueable y adquirió funcionalidad política para presionar o catalizar decisiones. Esta ambivalencia produjo un daño más profundo que la destrucción material porque desdibujó la convicción de que hay medios que una democracia debe proscribir absolutamente con independencia de la justicia que cada cual atribuya a sus fines.

De allí surgió el proceso constituyente. El Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución buscó reconducir una crisis que amenazaba nuestra democracia. Contenía dos promesas: una nueva Constitución y la recuperación de la paz. Siete años y dos procesos constitucionales después, no hay una nueva Carta Fundamental y tampoco llegó la concordia prometida. El mecanismo terminó prolongando los antagonismos que pretendía superar.

Octubre también develó dos miradas de país antagónicas, cuya diferencia esencial radica en el rol que asignan al Estado: una le confía la conducción del cambio social; la otra privilegia la libertad personal, la iniciativa privada y la sociedad civil, con un Estado garante de derechos y reglas comunes.

Pero hubo una secuela más persistente. Se instaló una concepción pugnaz de la política que pone en duda la legitimidad del adversario cuando obtiene la mayoría democrática. Una parte de la izquierda tiene una relación ambigua con esta premisa cuando la derecha conduce el país. No porque desconozca formalmente una elección, sino porque emerge la tentación de atribuirle una ilegitimidad moral que pone en entredicho su derecho a gobernar.

Bajo esta lógica, la derecha puede ganar elecciones, pero carecería del talante democrático para ejercer plenamente el poder. Sus reformas serían sospechosas por definición y la presión de la calle adquiriría una legitimidad distinta según quién resida en La Moneda.

Ese razonamiento es pernicioso. La democracia no consiste únicamente en aceptar los resultados electorales, también supone reconocer que quienes piensan distinto poseen idéntica legitimidad para gobernar si los ciudadanos así lo deciden dentro de los márgenes de la Constitución y las leyes. Exige, además, aceptar la contingencia del poder. Es decir, que ninguna mayoría es propietaria de las instituciones ni puede arrogarse una superioridad moral que convierta al adversario en un intruso transitorio.

Por eso octubre permanece inconcluso. No porque Chile siga siendo el mismo de 2019. Al contrario, la ciudadanía parece haber extraído conclusiones más categóricas que parte de su dirigencia. En 2024, un estudio de Cadem mostró que el 87% estaba en desacuerdo con que la violencia callejera fuera legítima y justificable para avanzar en cambios políticos y sociales. Lo pendiente es transformar ese aprendizaje social en un consenso político inequívoco.

En democracia, los fines no purifican los medios. Ninguna demanda social habilita a incendiar, saquear o intimidar; ninguna derrota electoral autoriza a socavar la legitimidad del vencedor; ninguna superioridad moral autoproclamada concede más derechos democráticos a unos que a otros.

El desafío pendiente es restablecer una regla decisiva. En democracia se puede discrepar, protestar, fiscalizar y ejercer una oposición tenaz, pero no reservar para los propios una legitimidad que se niega al adversario. La convicción democrática no consiste en defender el derecho a gobernar de quienes piensan igual, sino en reconocerlo, sin subterfugios, cuando corresponde a quienes piensan distinto.