Enviando corrección, espere un momento...
VER RESUMEN
El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, realizó un minucioso sumario administrativo por un aparente descontrol en el límite de gasto de personal a contrata en el municipio. Se investigó la gestión de su antecesor, Cristóbal Lira, concluyendo que se excedió en este tipo de contrataciones entre 2023 y 2024. Se sumariaron ocho personas, incluyendo al abogado Carlos Guazzini. Tras su indagación, el director de Seguridad Pública, Pedro Guerra, formuló cargos contra los implicados por incumplimiento de obligaciones. Sin embargo, el jefe comunal descartó una sanción para 6 de los sumariados, entre ellos Guazzini, actual secretario ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia del Gobierno.
Luego de asumir como alcalde en la comuna de Lo Barnechea, una de las primeras instrucciones de Felipe Alessandri fue la realización de un minucioso sumario administrativo al interior del municipio, medida que tomó ante el aparente descontrol en el límite de gasto de personal a contrata.
En dicho contexto, como consignó La Tercera, el 15 de enero de 2025 el jefe comunal hizo llegar un correo a la Dirección Jurídica y a la Dirección de Control Interno. En este, instruyó el mencionado procedimiento de investigación formal. Su solicitud apuntaba a indagar quién validó dichas contrataciones y si se alertó pertinenteamente la situación.
Como resultado, la información recogida apuntaba a la administración de Cristóbal Lira, su antecesor en el cargo desde 2019 a 2024. Se llegó a la conclusión de que Lo Barnechea “no respetó el límite legal y gastó más plata contratando funcionarios a contrata. Los años conflictivos fueron 2023 y 2024, justo el periodo final de Lira”, consignó el citado medio.
Faltas administrativas
Se estableció que en 2023, el gasto en contrata llegó casi hasta el 56%, mientras que en 2024 superó el 74%, aun cuando desde el municipio estaban al tanto de una posible vulneración de actos administrativos internos. Fueron hasta cuatro fiscales los que llevaron la investigación que alcanzó a varias jefaturas.
Fueron un total de ocho personas las sumariadas. De acuerdo con fuentes municipales, las principales responsabilidades corresponden al director de Administración y Finanzas, Omar Oyarzún, junto a la directora de Personas, Lía Riquelme. En particular, se sospecha que Oyarzún habría emitido certificados que indicaban que el gasto en cuestión se mantenía bajo el 40%, es decir, lo permitido legalmente.
Sin embargo, otro nombre tomó cierta relevancia entre los agentes sumariados: el abogado Carlos Guazzini, quien renunció a la municipalidad para asumir como secretario ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia en marzo pasado.
“Incumplimiento de obligaciones”
El director de Seguridad Pública, Pedro Guerra, fue quien llevó el proceso indagatorio finalmente.
“Fuentes que supieron del sumario reprochan la manera en como Guerra llevó adelante la indagación, sobre todo por el hecho de incluir tantos sumariados cuando en realidad la indagación debió centrarse en Oyarzún y un par más. Las mismas fuentes cuentan que, respecto de los otros involucrados, se trataría de funcionarios que, por la descripción del cargo, no tenían responsabilidad directa en el tema de las contratas”, recalcó La Tercera.
Pese a ello, Guerra continuó con su investigación y formuló cargos contra los ocho sumariados. Entre ellos aparece precisamente Guazzini.
En la formulación de cargos, el fiscal le habría reprochado haber “incumplido gravemente” con sus obligaciones, debido a “no representar la improcedencia” del traspaso de honorarios por programas comunitarios a la contrata y la superación del límite legal.
“Eso implicó haber dado su visto bueno y no ejercer su control preventivo sobre la legalidad de los actos administrativos sobre este tema. En definitiva, el fiscal no le perdonó que, siendo el encargado de vigilar la legalidad de los actos municipales, no advirtiera ninguno de los incumplimientos durante los dos años en que el gasto en contrata superó el límite”, asevera el citado portal.
Ya en marzo, el sumario fue cerrado y Guerra propuso las respectivas sanciones. En esa línea, para Guazzini sugirió la sanción de suspensión del empleo por 30 días con goce del 60% de sus remuneraciones y la correspondiente anotación de demérito.
El perdonazo
Cabe mencionar que la propuesta de sanción fue notificada directamente en su nueva función dentro del Palacio de La Moneda.
Eso sí, al igual que el resto de sumariados, Guazzini presentó un recurso de reposición directamente a Alessandri. En esta instancia, una persona distinta del fiscal, en este caso el alcalde, decide si confirma la sanción o si lo absuelve. Tras varios meses, Alessandri descartó las sanciones propuestas por el fiscal Guerra, absolviendo a seis de los ocho sumariados. Es decir, también a Carlos Guazzini.
En el decreto, conocido el 11 de septiembre, el jefe comunal estimó que para atribuirle responsabilidad administrativa al director de Control “debe acreditarse, respecto de un acto concreto, que contó con antecedentes suficientes para advertir la ilegalidad; a su vez que tenía el deber específico de actuar y que, pese a ello, omitió hacerlo de manera culpable”.
“Si bien la jerarquía del cargo eleva el estándar de diligencia y cuidado en la revisión de actos administrativos, ello no suprime la exigencia de probar la culpa o el dolo, ni permite presumir el conocimiento de información que no se ha demostrado que estuviera disponible. Tampoco la sola visación acredita una participación culpable si el expediente no individualiza el defecto verificable que fue omitido y las condiciones concretas en que esa omisión se produjo”, determinó Felipe Alessandri.
