El exalcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, fue declarado culpable del delito de violación de secretos particulares, luego de difundir antecedentes personales y médicos de la fallecida profesora Katherine Yoma a través de redes sociales.
El veredicto condenatorio fue dictado por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, en el marco de una causa iniciada tras una querella presentada por la familia de la docente.
Los hechos se remontan a marzo de 2024, cuando el entonces jefe comunal publicó un video en redes sociales en el que exhibió documentos con información privada sobre la profesora, quien había denunciado situaciones de acoso, amenazas y agresiones en su lugar de trabajo.
La divulgación de estos antecedentes motivó acciones judiciales por parte de sus familiares, quienes cuestionaron que se expusiera información sensible de la docente tras su fallecimiento.
Solicitan 300 días de presidio
Tras conocerse el veredicto condenatorio, tanto la Fiscalía Local de Antofagasta como los abogados querellantes solicitaron una pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo.
Sin embargo, la sanción definitiva todavía debe ser determinada por el tribunal. La audiencia de lectura de sentencia quedó fijada para el martes 20 de octubre, a las 12:00 horas, instancia en la que se conocerán los fundamentos del fallo y la pena que deberá cumplir el exalcalde.
El caso de Katherine Yoma
Katherine Yoma era profesora en un establecimiento educacional de Antofagasta y había denunciado situaciones de hostigamiento, amenazas y agresiones relacionadas con su entorno laboral.
Su fallecimiento, ocurrido en marzo de 2024, generó conmoción en la comunidad educativa y motivó cuestionamientos sobre la respuesta institucional ante las denuncias que había presentado.
En ese contexto, la difusión de sus antecedentes personales y médicos por parte de Velásquez derivó en una querella criminal impulsada por su familia, que buscó establecer responsabilidades por la divulgación de información privada.
El exjefe comunal fue formalizado por esta causa en agosto de 2025 y quedó sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional, mientras avanzaba la investigación.
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