El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud del exejecutivo de Principal Financial Group, Andrés Riquelme Pallamar, para rebajar las medidas cautelares que pesan en su contra. El otrora asesor financiero permanece imputado por los delitos de estafa y apropiación indebida, en el marco de una investigación por un presunto entramado de inversiones que dejó millonarias pérdidas a sus clientes.
Entre las víctimas figura una profesora alemana que tenía todo preparado para abandonar Chile en 2024 y regresar a Europa. Sin embargo, antes de concretar sus planes, decidió confiar los ahorros de toda su vida a Riquelme Pallamar, quien operaba a través de dos sociedades: Chilean Seller Inversiones y Asesorías Limitadas.
La apuesta terminó por derrumbar sus planes. La mujer perdió más de $256 millones y, según relató su abogado, continúa viviendo en Chile en condiciones extremadamente precarias. Mientras ella enfrenta las consecuencias económicas de la presunta estafa, el exejecutivo acusado de operar durante años bajo una fachada de inversiones seguras permanece en arresto domiciliario total.
Esquema Ponzi
La historia —como reveló en su minuto la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío— se remonta a junio de 2022, cuando Andrés Riquelme Pallamar comenzó a captar los ahorros de inversionistas ofreciendo operaciones financieras que, supuestamente, contaban con el respaldo de reconocidas instituciones. Para ello, se valía de su condición de ejecutivo de Principal Financial Group y de su propia sociedad, Chilean Seller Inversiones y Asesorías Limitadas, a través de la cual prometía rentabilidades periódicas mediante el financiamiento de órdenes de compra.
El mecanismo parecía funcionar a la perfección. Los clientes entregaban su dinero a cambio de pagarés, escrituras públicas de reconocimiento de deuda y otros documentos que daban apariencia de legalidad a las operaciones. Entre los supuestos negocios figuraba la adquisición de equipamiento para el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. Sin embargo, según las querellas, las órdenes de compra eran falsas y las operaciones comerciales sencillamente no existían.
Durante meses, los inversionistas recibieron los pagos prometidos, lo que permitió al exejecutivo ganarse su confianza y captar nuevos recursos. De acuerdo con los antecedentes expuestos por los querellantes, el dinero entregado por nuevos clientes habría sido utilizado para pagar los compromisos anteriores, mediante un mecanismo similar a un esquema Ponzi.
Todo comenzó a desmoronarse en diciembre de 2023. De acuerdo con antecedentes expuestos en el proceso judicial, entre el 4 y el 11 de ese mes se produjo un incumplimiento masivo de pagos que dejó al descubierto las presuntas irregularidades. Fue entonces cuando varias víctimas descubrieron que sus inversiones no tenían el respaldo prometido. Según consta en dos de las querellas, el propio Riquelme habría reconocido posteriormente que las operaciones eran ficticias y que los recursos habían sido destinados al pago de deudas personales.
El portazo
Tras ser formalizado en diciembre del año pasado, el exejecutivo de Principal quedó en prisión preventiva a solicitud del Ministerio Público. Sin embargo, tiempo después consiguió que la medida cautelar fuera sustituida por arresto domiciliario total.
Lejos de conformarse, su defensa volvió a recurrir al tribunal para solicitar una nueva rebaja de las restricciones que pesan en su contra, argumentando que “existen nuevos antecedentes que se expresarán en la respectiva audiencia y que permitirían modificar dicha medida cautelar”.
La audiencia se celebró finalmente este miércoles 14 de octubre. En la instancia comparecieron los abogados defensores, un fiscal del Ministerio Público y los representantes de los querellantes. Tanto la Fiscalía como estos últimos se opusieron a flexibilizar las medidas cautelares del imputado.
Tras escuchar los argumentos de las partes, la jueza Andrea Osorio Ganderats terminó por cerrar la puerta a las pretensiones del exejecutivo y resolvió mantenerlo bajo arresto domiciliario total, sin modificaciones.
“No ha reparado el mal causado”
Tras conocerse la resolución, el abogado querellante —que representa a la profesora alemana—cuestionó los argumentos presentados por la defensa de Riquelme Pallamar para conseguir una nueva rebaja de sus medidas cautelares. Según explicó, el exejecutivo aseguró ante el tribunal que estaba intentando reparar el perjuicio ocasionado y que realizaría aportes económicos a sus víctimas. Sin embargo, sostuvo que dichos pagos no se han concretado.
El profesional también recordó las circunstancias en que el imputado consiguió abandonar la prisión preventiva. Según su versión, Riquelme logró salir de Santiago 1 luego de invocar un acuerdo económico con su padre por $400 millones que supuestamente también le había sustraído. Dicho compromiso, aseguró, permitió que la Fiscalía respaldara la modificación de la medida cautelar.
—No conforme con haberles sustraído dinero a otras personas, también supuestamente le sustrajo dinero a su padre —cuestionó el abogado, quien puso en duda la efectividad de los compromisos económicos asumidos por el otrora asesor financiero.
En esa línea, el querellante sostuvo que las gestiones del imputado para reparar el daño causado han sido meramente aparentes. Como ejemplo, recordó la situación de su representada, quien perdió los ahorros de toda su vida y debió renunciar a sus planes de abandonar Chile para reencontrarse con sus hijos en el extranjero.
—Quedó varada en Chile, siendo que ella es extranjera, sus hijos viven fuera de Chile y está viviendo en una situación pobrísima a consecuencia de la estafa de este sujeto —lamentó.
Finalmente, el abogado valoró que el tribunal acogiera los argumentos de los querellantes y mantuviera las restricciones contra Riquelme Pallamar.
—Consideramos que todas estas prácticas eran ficticias, que no había reparado el mal causado, que sus víctimas habían perdido todo lo que tenían —afirmó, insistiendo en que el imputado no ha demostrado una colaboración efectiva para mejorar las condiciones en que quedaron los afectados.
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