La crisis migratoria no sólo ha implicado dificultades para los cientos de venezolanos que intentan ingresar a territorio chileno, sino que también ha generado una crisis social que afecta indirectamente a la ciudad de Arica, en el norte del país.
Carabineros ha tenido que ampliar su cobertura en la frontera, incluyendo el resguardo de campos minados.
El alcalde de la capital de Arica y Parinacota, Gerardo Espíndola, aseguró que la ciudad está “pagando el costo de un problema de Estado y la mala gestión del Gobierno central”.
Es por ello que Espíndola solicitó reunirse con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, pues el alto despliegue policial en la frontera chileno-peruana ha implicado dejar desprotegida la comuna.
La gestión, crítica a nivel social y sanitaria, se está realizando en conjunto con el diputado Vlado Mirosevic.
Mala gestión
“Estamos pagando el costo de un problema de Estado y la mala gestión del Gobierno central en esta materia, que se está asumiendo con recursos regionales y municipales. Además, Arica por ser ciudad frontera, está expuesta a un riesgo sanitario mayor si no se adoptan las medidas de salud pública necesarias”, agregó el alcalde Espíndola.
El alcalde añadió que el municipio ha dispuesto personal médico y fármacos para ayudar a los ciudadanos que llevan días pernoctando en el complejo fronterizo Chacalluta, así como también en la ciudad, donde es habitual encontrarse con niños y adultos pidiendo limosnas.
“Las personas que ingresan a Arica acuden al municipio por ayuda y es ahí donde nosotros activamos las redes de apoyo. Sin embargo, no damos abasto, especialmente en materia de salud, donde el Estado a nivel central, no nos paga el per cápita por persona indocumentada”, explicó.
Frontera peligrosa
La política migratoria aumentó el número de personas que cruzan por pasos no habilitados, como se informó en el Consejo Comunal de Seguridad Pública, que destinó el despliegue policial en la zona.
Se promedian unas 100 personas al mes, estimó Carabineros. Mientras que en los últimos cuatro días se han detectado más de 80 personas en pasos ilegales.
El jefe comunal afirmó que el Gobierno “no ha estado a la altura y no ha tomado las medidas suficientes” y añadió que “no basta con hacer modificaciones en materias migratorias, sin tomar las medidas necesarias”.
“En caso de una emergencia podemos quedar aislados como ocurrió con la llegada de las lluvias estivales, cuando cerca de 1.300 personas fueron albergadas en recintos municipales”, afirmó el alcalde ariqueño.
Recordó la “dramática situación” que se vive en el continente. “Debemos estar preparados para resguardar el bienestar de la ciudadanía y dar una respuesta humanitaria”, puntualizó Espíndola.
