La diputada Lilian Betancurt (PDG), representante del Distrito 21 de la región del Biobío, presentó un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones por la venta de productos de tabaco y dispositivos de vapeo a menores de edad, iniciativa que modifica la Ley N° 19.419.
El proyecto apunta a fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes y aumenta las multas para quienes comercialicen, ofrezcan, distribuyan o entreguen cigarrillos, vapeadores, sistemas electrónicos con o sin nicotina y sus accesorios a menores de 18 años.
La propuesta eleva las multas generales desde las actuales 3 a 50 UTM a un rango de 20 a 150 UTM. En el caso de infractores pertenecientes a la industria, las sanciones aumentarían desde 30 a 300 UTM hasta 101 a 500 UTM.
Al respecto, Betancurt sostuvo que “no podemos seguir permitiendo que la venta de cigarrillos y vapeadores a menores de edad tenga sanciones que no reflejan la gravedad de esta conducta. Estamos hablando de proteger la salud de nuestros niños y adolescentes, y para eso necesitamos una legislación mucho más estricta y efectiva”.
Otro de los ejes centrales de su proyecto es lograr decretar la clausura de los establecimientos reincidentes, para quienes actualmente pesa la posibilidad de cerrar los locales por 15 días, decisión que queda a criterio de la autoridad sanitaria.
Con la modificación propuesta por Betancurt, cualquier establecimiento que reincida, será clausurado entre 15 y 30 días.
“Las multas por sí solas no son suficientes si un establecimiento puede seguir funcionando y comercializando estos productos (…) por eso estamos proponiendo que, cuando exista reincidencia, la clausura sea obligatoria”, dijo.
Cigarrillos bajo el mismo procedimiento del alcohol
Si bien actualmente la venta a menores de edad está prohibida, la ley no exige que los dependientes de los distintos establecimientos exijan la cédula de identidad, algo que a juicio de Betancurt también debe cambiar.
“No basta con prohibir la venta a menores si dejamos en manos de cada vendedor la decisión de comprobar o no la edad de una persona. Tenemos que cerrar esos espacios y establecer obligaciones concretas para quienes comercializan estos productos. La protección de nuestros niños no puede depender de la voluntad de un comerciante”, cerró.
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