Penas de hasta 15 años de cárcel, multas de hasta 10.000 UTM y bloqueo judicial permanente contempla la indicación presentada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), al proyecto que regula las apuestas en línea.
La propuesta busca endurecer las sanciones contra los operadores ilegales e impedir que continúen funcionando mediante cambios de dominio.
La propuesta también establece un mecanismo de bloqueo judicial permanente y sanciones contra quienes administren, financien o promocionen estos negocios de manera ilegal.
A diferencia del modelo que contempla la entrega de licencias a operadores privados, Núñez propone mantener la explotación digital de los juegos autorizados exclusivamente en manos de Polla Chilena de Beneficencia y Lotería de Concepción, dentro de las actividades permitidas por sus respectivas leyes.
“Esta discusión no puede reducirse a cuánto dinero podría recaudar el Estado. Tenemos que preguntarnos quién controla estas plataformas, adónde van los recursos y qué ocurre con las familias que terminan atrapadas en la adicción y el endeudamiento”, afirmó.
“Frente a una actividad ilegal, la primera respuesta no puede ser ofrecerle una licencia”, agregó.
Núñez pide cárcel y bloqueo permanente a casas de apuestas ilegales
Las penas más altas se aplicarían en casos agravados, como la captación deliberada de menores de edad o la continuidad de operaciones ilegales mediante mecanismos destinados a evadir una orden judicial.
También se consideran agravantes cuando existan vínculos con organizaciones criminales o se utilicen identidades falsas y sociedades ficticias para ocultar a los responsables.
Otro de los puntos centrales es la creación de un procedimiento ante un ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel para ordenar el bloqueo permanente de sitios y aplicaciones mientras se mantengan las condiciones que justificaron la medida.
Las restricciones podrían extenderse a nuevos dominios, previa verificación judicial de que corresponden a la misma operación ilegal. Los proveedores tendrían un plazo máximo de 48 horas para cumplir las órdenes.
“Cambiar de nombre, de aplicación o de dirección de internet no puede convertirse en una forma de eludir la justicia”, sostuvo Núñez.
Antecedentes y tramitación
La propuesta surge luego de las dificultades registradas en septiembre, cuando el Gobierno ordenó bloquear 42 sitios de apuestas ilegales, otorgando un plazo de 48 horas a las empresas de telecomunicaciones.
Sin embargo, según informó BioBioChile, algunas plataformas continuaron operando mediante modificaciones en sus direcciones electrónicas, eludiendo las restricciones iniciales.
En paralelo, el proyecto continúa su segundo trámite legislativo en la Comisión de Economía del Senado, luego de que, a solicitud del Ejecutivo, se ampliara hasta el 26 de octubre el plazo para presentar indicaciones.
Finalmente, la propuesta de Núñez incorpora medidas de protección para los usuarios, como la prohibición de participación de menores, mecanismos de autoexclusión y límites voluntarios de apuestas.
“La protección de las familias no puede depender de quién administra la plataforma: las exigencias deben cumplirse también en el juego autorizado”, concluyó la parlamentaria.
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