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El 13 de octubre recién pasado se conmemoró el Día Nacional de la Seguridad Minera, por el rescate de los 33, y se resaltó que la vida está por sobre toda meta productiva. Durante esa misma jornada, Sernageomin lamentaba tres muertes en 48 horas, dos en El Teniente y una en Coquimbo. Al día siguiente murió un operador de bulldozer en la mina Aguilucho, en Taltal. Es la séptima muerte en faenas mineras desde el 23 de septiembre y la cuarta en 72 horas.
Según Sernageomin, el balance al 13 de octubre era de 12 fallecidos en 2026, y con Taltal son 13. Es más que los 11 de todo 2024, iguala los 13 de 2023 y queda a siete de los 20 de 2025, con casi tres meses por delante.
El problema no es solo minero. Según el Informe Anual 2025 de SUSESO, 225 personas murieron por accidentes del trabajo en mutualidades e ISL, sin contar los de trayecto, y el organismo advierte que persisten riesgos críticos, sobre todo en accidentes graves y fatales. SUSESO fija además la meta de bajar la mortalidad a 2,1 por cada 100.000 trabajadores en 2028. La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028 reconoce un avance real: la tasa bajó de 4,5 en 2015 a 2,7 en 2022.
Esa política dice qué hacer, y lo dice con claridad. Establece que la seguridad es un derecho fundamental y que la prevención debe priorizar eliminar o controlar el riesgo en su origen, desde el diseño de los puestos de trabajo. Exige que las empresas principales cumplan su deber de prevención, lo que importa en una minería llena de contratistas. Pide fiscalizadores con recursos suficientes y programas de inspección comunes en los sectores de mayor riesgo, además de capacitación obligatoria en actividades de alto riesgo. Y reconoce el rol de los sindicatos como representantes de los trabajadores, en lugar de omitirlos o excluirlos, como podría desprenderse de futuras propuestas legales.
La respuesta institucional ya empezó. La presidenta de la Comisión de Minería del Senado, Yasna Provoste, anunció una sesión especial y pidió más recursos para Sernageomin y la Dirección del Trabajo. El Ministerio de Minería convocó a una Mesa por la Seguridad Minera, que se reunirá con trabajadores, empresas, gremios, parlamentarios y Sernageomin. Este último anunció más fiscalización, comités regionales de seguridad en siete días hábiles y un bloque de seguridad al inicio de cada turno. Son pasos necesarios, y solo servirán si se sostienen con recursos y seguimiento.
Ahí aparece la primera contradicción. El Proyecto de Ley de Presupuestos 2027, que hoy discute el Congreso, no refuerza a la Dirección del Trabajo: la recorta. Su presupuesto cae 0,3% real frente a la ley aprobada para este año, y 1,2% según el propio cuadro de la Dirección de Presupuestos. Todo lo que no son remuneraciones baja 13%. La dotación máxima se reduce en 50 cupos, las horas extraordinarias caen 17%, la capacitación del personal un 32%, y no hay un solo peso para renovar vehículos, que es la forma de llegar a una faena en el desierto. Se elimina además la Encuesta Laboral (ENCLA) y desaparece la glosa que obligaba a la DT a informar al Senado sobre la fiscalización y las sanciones a empresas mineras en Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Sernageomin, por su parte, queda prácticamente igual.
La segunda contradicción está en la agenda laboral. No se puede convocar “de manera urgente” a reforzar la seguridad y proteger la salud de los trabajadores y, al mismo tiempo, impulsar en el Congreso una flexibilización que aumente niveles de exceso de trabajo y por la misma remuneración durante varias semanas consecutivas. Esto genera exposición, cansancio y presión productiva lo que aumentará la accidentabilidad. Y eso es lo que hoy se tramita y que permite volver a la jornada de 45 horas más horas extraordinarias por varios meses, lo que lleva hasta 52 horas de trabajo y que, en los supuestos periodos de compensación y mayor descanso, nada impide despedir a los trabajadores. En estos diseños, además se deja a la persona sola y se excluye la negociación del sindicato, impidiendo cumplir su rol tutelar de seguridad laboral.
Esa lógica contradice el principio de prevención de la política vigente. La fatiga no es un detalle de gestión: es un factor de riesgo reconocido en los accidentes graves y fatales. Y cada nueva excepción a la jornada exige más fiscalización, no menos. Flexibilizar la jornada mientras se debilita a quien debe controlarla es trasladar el riesgo, sin red, a los trabajadores.
Tampoco se sostiene el argumento de que estas medidas son necesarias para crear empleo. La evidencia no muestra que ampliar los promedios de jornada o abaratar el despido generen empleo neto por sí mismos; cuando Chile redujo su jornada de 48 a 45 horas, el empleo no se resintió. El desempleo no puede ser la coartada para rebajar la protección de quienes sí tienen trabajo.
Existen jornadas y turnos excepcionales que tienen sentido, como los turnos de faena o las emergencias, y son excepciones justificadas, compensadas con descanso y fiscalizadas. Otra cosa es convertir la excepción en política general, aplicable a todos los sectores, incluidos los que no pueden gestionar la fatiga ni serán fiscalizados.
Por eso la Mesa por la Seguridad Minera, la Comisión de Minería, los comités regionales, el Comité de Ministros y la propia Dirección del Trabajo deben resguardar la salud y la seguridad frente a cualquier propuesta que las debilite, sea vía nuevos cuerpos legales o vía presupuesto. El Congreso tiene hoy una oportunidad concreta: exigir que el Presupuesto 2027 refuerce la fiscalización, reponga la información sobre la minería y condicione cualquier jornada excepcional a acuerdo colectivo, gestión de la fatiga y capacidad real de control.
La productividad importa, pero relativizarla no puede costar vidas. Un país no se hace más productivo con trabajadores más cansados. Se hace más productivo cuando todos vuelven a casa al terminar el turno.
María Elizabeth Soto
Exjefa de gabinete Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Estudio jurídico La Firma.
