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Hace algunos días, en el Summit para la Salud del Futuro, la ministra de Salud, May Chomali, anunció que el país contará con un sandbox de salud, un espacio donde nuevas tecnologías podrán probarse con reglas especiales y bajo supervisión antes de llegar al resto del sistema. Estuve en la sala y recibí el anuncio con optimismo. Quienes trabajamos en la red pública hemos visto muchas buenas ideas quedarse en piloto porque la norma no las contemplaba o porque nadie quiso firmar la autorización.
La ministra conoce este terreno y ha puesto la salud digital en el centro de su gestión. Por lo mismo, creo que la mejor forma de apoyar la iniciativa es plantear desde ya algunas preguntas para su diseño, desde la atención primaria municipal.
La primera es qué se va a probar. Datos, inteligencia artificial, dispositivos médicos y telemedicina dependen de reguladores y leyes distintas. Un sandbox que intente cubrir todo desde el primer día tendrá que coordinar a demasiadas instituciones a la vez. Parece más prudente partir con pocas líneas acotadas, con objetivos sanitarios medibles.
La segunda es el respaldo legal. Un sandbox permite, por un tiempo, algo que la norma vigente no contempla. Brasil dictó primero una ley que habilita esas excepciones y sobre ella sus agencias elaboraron sus resoluciones. En Chile habrá que definir si basta un decreto o se requiere una ley. Cualquier director de salud que haya pasado por una auditoría de Contraloría sabe que la buena voluntad no reemplaza un acto administrativo bien fundado.
La tercera son los datos de los pacientes. La Ley 21.719 de Protección de Datos Personales entra en plena vigencia el 1 de diciembre y la nueva Agencia aún no constituye su consejo directivo. Cada prueba deberá aclarar quién autoriza el uso de la información clínica, con qué consentimiento y quién responde si algo falla. Para un Cesfam esta ley ya implica más trabajo administrativo, y el sandbox debiera traer apoyo técnico para cumplirla en lugar de sumar trámites.
La cuarta es el lugar de la atención primaria municipal. Si la convocatoria exige equipos informáticos, asesoría jurídica y capacidad de evaluación propias, participarán los hospitales y clínicas que ya los tienen, y las comunas con menos recursos quedarán fuera. El diseño debiera considerar a la APS municipal como sitio de prueba desde el inicio, con apoyo del Ministerio y sin costo para un per cápita que ya está bajo presión.
Es también una oportunidad para ordenar la colaboración con prestadores privados y empresas tecnológicas, con reglas conocidas por todos. En Dinamarca, que se presentó como referencia en el mismo Summit, hospitales, atención primaria y servicios municipales comparten una misma infraestructura de información, y los municipios formaron parte del sistema desde el comienzo.
La quinta, y quizás la que más se olvida, es qué ocurre cuando una prueba resulta bien. Debe existir un camino para incorporarla: una prestación que Fonasa pueda financiar y una vía de compra pública que no obligue a empezar de cero. Sin eso, el sandbox corre el riesgo de convertirse en otra vitrina de pilotos. El presupuesto 2027 contempla un alza de 4,7% para Salud, que la propia ministra calificó como una holgura pequeña, y conviene saber desde ya cómo se financiará el escalamiento.
Planteo estas preguntas con ánimo de colaborar. Desde el Observatorio de Salud Primaria de AMUCH ponemos a disposición del Ministerio la experiencia de los equipos municipales. Al proyecto le haría bien escuchar a la atención primaria antes de que se publiquen las bases.
