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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó en general un proyecto de ley que aumenta las sanciones por atentados contra la autoridad, incluyendo a Carabineros, PDI y Gendarmería. La iniciativa incorpora sanciones a ofensas, permite detenciones en flagrancia y aumenta penas cuando el atentado es contra la autoridad policial. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados y ahora sigue en el Senado. Se establecen penas de hasta 60 días de presidio y multas de hasta 4 UTM para insultos a policías en funciones.

La Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó en general el proyecto de ley que aumenta las sanciones aplicables a los delitos de atentado contra la autoridad, cometidos contra miembros de las fuerzas de orden y seguridad. Esto incluye a Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería.

La iniciativa incorpora sanciones a las ofensas, permite la detención en caso de flagrancia de manera excepcional y aumenta la pena privativa de libertad cuando el atentado recae contra la autoridad policial.

Este proyecto recibió luz verde en la Cámara de Diputados con 96 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones, avanzando a segundo trámite constitucional al Senado.

Así, en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el proyecto fue aprobado unánimemente por los senadores Karim Bianchi (IND), Cristián Vial (IND-Republicanos) y Andrés Longton (RN). En la instancia, se determinó que las indicaciones se podrán presentar hasta las 12:00 horas del 26 de octubre.

En tanto, se acordó la incorporación de indicaciones con plazo máximo hasta el próximo lunes 26 de octubre, a las 12.00 horas.

¿Qué establece el proyecto?

La propuesta incorpora criterios para determinar las sanciones, como si el autor actuó de forma individual o como grupo. En el caso de que el atentado contra la autoridad se cometa contra funcionarios de Carabineros, de la PDI o Gendarmería, se aplicará únicamente una pena privativa de libertad.

Una pena de presidio en su grado máximo, es decir, hasta 60 días, y una multa de 1 a 4 UTM (hasta $286.884) se aplicará en los casos de insultos y ofensas graves a un policía o a un funcionario de Gendarmería en el ejercicio de sus funciones, conociendo o no la calidad del mismo.