El Tribunal del Derecho del Mar fijo para los días 10 y 11 de noviembre las primeras audiencias en torno al arbitraje solicitado por Argentina contra Reino Unido, por la extracción petrolera en islas Malvinas/Falklands.
Desde el gobierno argentino habían solitado medidas ante el ente judicial, entre ellas paralizar proyectos petroleros en los territorios del Atlántico sur y no otorgar nuevos permisos.
Buenos Aires quiere frenar la explotación británica de los hidrocarburos en las islas y, en concreto, que Londres se abstenga de utilizar la información obtenida durante la etapa de exploración.
Esto además de dejar de “impedir” que Argentina “cumpla con su obligación” de “proteger y preservar el medio marino de las áreas marítimas objeto de la controversia”.
El Ejecutivo del presidente Javier Milei también pidió medidas para que Reino Unido “se abstenga de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia, en particular el otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa”.
El objetivo de Argentina pasa por detener el avance de Sea Lion, un proyecto ‘offshore’ operado por Navitas (65 %) y del que es también socia la británica Rockhopper (35 %) para comenzar a extraer crudo en 2028 en la cuenca Malvinas Norte, a 200 kilómetros al norte del archipiélago.
El país trasandino considera “ilegales” los permisos concedidos a las petroleras por el gobierno local de las islas y ya ha denunciado a las petroleras.
Hay que señalar que, el pasado lunes, reportes informaron que EEUU había solicitado disolver el Comité Especial de Descolonización de la ONU.
Aquello podría suponer un golpe a las pretenciones argentina en torno a Malvinas/Falklands, teniendo en cuenta que en aquel organismo sustenta su reclamo.
De acuerdo a Clarín, la idea de Washington se dio durante la última reunión del comité, la semana pasada, alegando que “ha perdido su propósito original” y que “funciona como si nada hubiera cambiado”.
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