El Partido Nacional Libertario (PNL) exigió al presidente José Antonio Kast cumplir su promesa de campaña y acelerar la revisión del rechazo ambiental que mantiene paralizado el proyecto minero y portuario Dominga.
Acompañado por dirigentes de La Higuera que ven en la inversión una salida al desempleo, el timonel del PNL, Johannes Kaiser, acusó que decisiones “ideológicas” frenan la iniciativa y emplazó directamente al Mandatario a ordenar a su gabinete “hacer la pega”.
“El Presidente tiene la capacidad y sé que tiene la voluntad de echar a andar esta máquina, pero para eso tiene que agarrar a sus ministros y decirles: ‘Hagan el trabajo, hagan la pega, echen a andar Dominga"”, afirmó Kaiser.
La presión apunta a una vía administrativa aún abierta. En septiembre, la empresa Andes Iron retiró los recursos que mantenía ante la Corte Suprema, dejando vigente el rechazo emitido por el Comité de Ministros en enero de 2025.
Sin embargo, la compañía busca que prosperen las solicitudes presentadas por organizaciones favorables al proyecto para invalidar dicha negativa; en simple, que el Ejecutivo revise la decisión y la deje sin efecto.
En esa línea, el diputado libertario por Coquimbo, Erich Grohs, detalló que esperan que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) remita estas solicitudes al Comité de Ministros.
“La única solución es Dominga, no hay otro camino. A usted, señor presidente José Antonio Kast: se comprometió, cumpla con su palabra”, interpeló.
Desde Totoralillo Norte —donde se contempla la construcción del puerto—, el dirigente de los pescadores Jorge Cabrera también respaldó la iniciativa, atribuyendo la baja en su actividad al fenómeno de El Niño.
“No fue Dominga la que disminuyó nuestra cadena productiva. Invito al Presidente a darle luz verde, porque es lo único que nos puede salvar en este momento”, sostuvo.
La arremetida libertaria coincide con nuevos cuestionamientos hacia Andes Iron. Un reciente reportaje de Reportea reveló que la Fiscalía investiga pagos de la empresa a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, vinculados a la denominada trama bielorrusa. Aunque la compañía sostiene que se trató de contrataciones de servicios jurídicos regulares, el hecho abre un flanco judicial paralelo a la disputa ambiental que hoy el libertarismo exige destrabar.
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